“Es preciso dejar atrás el molde militar”

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LA MINISTRA NILDA GARRE DELINEO LOS PUNTOS CENTRALES DE LA NUEVA POLITICA DE SEGURIDAD

“Es preciso dejar atrás el molde militar”

Garré resumió los ejes de su gestión: establecer una conducción política férrea, renovar los mandos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a la calle y romper las relaciones entre policías y delito.
Por Raúl Kollmann
“Es preciso terminar con el autogobierno de las fuerzas policiales y dejar atrás el molde militar. La autonomía de las fuerzas policiales favorece la existencia de redes de ilegalidad y de impunidad que perjudican a toda la sociedad que incluye en ella a los miembros de las fuerzas, ya que es falsa la antinomia ciudadano-policía: los miembros de las fuerzas son también ciudadanos y como tales tienen obligaciones y derechos.” Con esta síntesis, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, resumió los puntos centrales de la nueva política del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, ya adelantados por Página/12 hace casi un mes: establecer una conducción política férrea de todo lo que tiene que ver con seguridad, renovar los mandos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a la calle, romper las relaciones entre policías y delito y combatir las organizaciones delictivas, en especial, las que tienen que ver con el robo de autos, la piratería del asfalto, la trata de personas y el narcotráfico. Una de las medidas más nítidas de esta nueva etapa fue la realización en la madrugada del jueves de 40 allanamientos a prostíbulos porteños. Como existen muchas sospechas de complicidad de policías federales en la trata de personas, el operativo fue concretado por efectivos de la Gendarmería y la Prefectura.
Garré habló durante la inauguración del ciclo lectivo de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal y estuvo acompañada por los funcionarios de mayor rango de su ministerio, como Graciela Caamaño, Ileana Arduino y Gustavo Palmieri, así como el jefe y subjefe de la Federal, Enrique Capdevilla y Alejandro Di Nizo, y los 13 superintendentes de la fuerza. Durante la ceremonia, también Garré entregó insignias a los cadetes egresados.
No es casual que Garré haya presentado los lineamientos centrales de su gestión ante los cadetes. Justamente una de las primeras políticas del ministerio será transformar los planes de estudios de los tres niveles de la educación policial: la escuela de suboficiales, la de oficiales y la Universidad de la Policía Federal. Y no sólo cambiarán los planes de estudios, sino también las autoridades y profesores. Como primera medida, Garré constituyó un equipo que está evaluando todos los programas de estudios y formación. Habrá una fuerte reorientación en materia de valores, estudio del derecho, mecanismos de control o administración en el uso de la fuerza, negociación en caso de conflictos, protocolos de actuación ante las distintas situaciones, intervención en espacios públicos. Tampoco es casual que también ayer la ministra se reuniera con integrantes de las Madres del Dolor y les ofreciera su apoyo para contribuir a la investigación de los hechos que denuncian, que en muchos casos involucran a la propia policía. Las Madres del Dolor participarán en charlas con cadetes y oficiales.
La idea nodal en todos los aspectos es que se pone fin al autogobierno de las fuerzas de seguridad que antes manejaban gran parte de los ascensos, reubicación de jefes, planes de estudios, estrategias frente al delito, operativos y hasta los casos de sospechas de vinculaciones de efectivos con hechos delictivos. Garré lo dijo en forma explícita: habrá una fuerte conducción política, se termina la autonomía de las fuerzas de seguridad. Y cuando mencionó el concepto de abandonar el molde militar, Garré quiso dejar en claro que la vida en la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria no consiste en hacerle la venia al superior, sino en “desarrollar las fuerzas que nuestra sociedad necesita”.
La ministra enumeró que el objetivo será “proteger la vida, las libertades, los bienes, los derechos y las garantías de los ciudadanos. Luchar contra el crimen organizado y el delito complejo. Colaborar con la Justicia en el esclarecimiento del delito. Resguardar a las víctimas, evitando su revictimización. Hacer uso de la fuerza de modo racional y progresivo en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Actuar con transparencia y honradez en la gestión, luchando contra la corrupción. Incrementar la presencia policial en las calles y que esa presencia sea confiable para todos y todas, favorecer la persuasión y prevención frente a situaciones delictivas”.
Los síntomas de cambio en materia de seguridad son nítidos:
- El primero de todos, la creación del ministerio, con una figura fuerte como Garré a la cabeza.
- Se cambió la cúpula de la Policía Federal y es inminente el cambio de todos los jefes de las comisarías porteñas. Justamente es el ministerio el que está estudiando legajo por legajo para tomar las decisiones.
- Cambian todos los programas de estudio.
- La Policía Federal dejó ayer de tramitar y fabricar pasaportes. Ya el 25 dejó de entregar las cédulas de identidad. Todas esas funciones pasaron al Registro Nacional de las Personas. Con ello, los policías pasarán únicamente a ocuparse de seguridad y, además, se abandona el concepto de supervisión y control policial de la sociedad civil.
- Se hará una fuerte reconversión para que las tareas administrativas y de mantenimiento dejen de estar en manos de personal con estado policial.
- La estrategia es volcar más efectivos a las calles y a las tareas de seguridad.
- Este mes serán convocados todos los foros y organizaciones no gubernamentales abocados a cuestiones de seguridad. La idea es consolidar foros que se vinculen con cada comisaría y se efectivice un control social de la actuación policial.
- El énfasis estará puesto también en las cuestiones técnicas. Se instalarán más cámaras; se va a trabajar con la Policía Metropolitana en el sistema 911 que la Metropolitana va a inaugurar este mes y se está preparando un nuevo modelo de patrullero que sería presentado por la Presidenta en las próximas semanas.
- Habrá un estricto control del ministerio en procedimientos claves: allanamientos de desarmaderos, prostíbulos, investigaciones de narcotráfico, control de aviones y pesquisas relacionadas con robos de bancos o blindados.
- Se va a reflotar una comisión mixta de seguridad bancaria, incluyendo al gremio, los empresarios y el Banco Central. Se establecerán nuevas estrategias en esa materia.
- Garré buscará acuerdos con los países limítrofes, en especial Paraguay y Bolivia, para evitar que allí se inscriban autos de dudoso origen. También se buscarán convenios con Paraguay y Bolivia contra la trata de personas.
- Se están revisando todos los protocolos sobre actuación policial en calles o plazas. El objetivo fundamental será preservar las vidas, priorizar la negociación.
“Es indispensable romper los lazos policiales con cadenas del delito, allí donde existan”, dijo ayer Garré. Esta semana, la ministra desplazó a la titular de la comisaría de Almagro por las sospechosas fallas en la actuación frente a robos en departamentos. También los allanamientos a los prostíbulos, dejando al margen a la Policía Federal, marcan una tendencia. En la próxima semana, el Ministerio de Seguridad cumplirá apenas tres meses de existencia. Todo indica que los cambios recién comienzan.

LA REFUNDACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO ?

(Se sugiere la lectura previa de la Ley 26657 o tenerla a mano para consultar los números de artículos que se mencionan ya que no se incluyen todos aquellos sobre los que se hace referencia)

La reciente sanción de la Ley Nacional N° 26.657 genera lo que a mi entender es un nuevo acto fundacional del Ministerio Publico, en este caso el Ministerio de la Defensa, integrante del Poder Judicial.
Hasta el momento, este órgano que forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional, tiene como misión la de resguardar adecuadamente el debido proceso. Asimismo tiene a su cargo la defensa de los intereses de los pobres, ausentes, menores, demás incapaces y de los presos y condenados, en los casos y bajo los recaudos de las leyes. Debiendo sus magistrados y funcionarios Defender y proteger los derechos humanos dentro del ámbito de su específica competencia, es decir en el marco del proceso judicial especialmente y ejerciendo sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en tanto sean compatibles con la misión atribuida. (art 1 de la Ley 4920 ahora Ley V N° 90). Para cumplir esa misión cuanta además de los funcionarios letrados de planta y otros profesionales auxiliares, con abogados de la matrícula que contrata para cubrir programas permanentes o eventuales, en la forma y condiciones que estipulan esta Ley y su reglamentación.
Queda claro que su misión se delimitaba fundamentalmente en el ámbito del proceso judicial iniciado tanto en el fuero penal como en el civil y comercial o el de familia y solo en contados casos en el ámbito administrativo pero como via preparatoria a la via judicial, principalmente en lo que a Derechos Economicos y Sociales se entiende o como producto de pedidos de informes previos a una demanda civil o comercial. Salvo estos casos, su competencia se delimita al proceso judicial.
Queda claro que la Ley Organica Provincial delimita que forman parte del Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores E Incapaces los siguientes órganos administrativos: Consejo de la Defensa, Defensor General, Defensores Jefes de cada Circunscripción Judicial, Defensores Publicos, Asesores de Familia e Incapaces, Abogados Adjuntos, y Servicio Social.
Con la sanción de la nueva norma nacional, nos encontramos con la creación de un nuevo órgano dentro del Ministerio de la Defensa, llamado el Órgano de Revisión. Según el artículo 38 a 40, este nuevo organismo del Poder Judicial, tiene por fin principal proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental (1) y hasta allí no encontraríamos ninguna diferencia sustancial con lo establecido en la norma orgánica provincial.
El nuevo enfoque de funcionamiento es que este Órgano de Revisión, debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.(2)Es decir, una mesa de enlace de organismos tanto administrativos como de la Sociedad Civil.
Debe entenderse entonces como un ámbito especial donde se profundiza la comunicación y vinculación de todos en un ámbito de discusión de políticas públicas tanto administrativas como Judiciales. Quienes han sido excluidos de esta integración han sido los magistrados (jueces) como la Procuración Fiscal.
Como funciones se le han atribuido las siguientes, según el articulo 40:
a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley;
e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos;
j) Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones;
k) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;
l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.

Voy a detenerme en este primer análisis de una norma en algunos incisos específicos para poder explicarme respecto al titulo de éste trabajo.
Es evidente que, quien tiene facultades para requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos (inciso a), como de supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado (inciso b), esta destinado a garantizar algo mas que el acceso a la justicia, misión principal que detallaba al principio de éste trabajo según la legislación actual. Es un órgano que supervizará la política pública del Estado, que es una misión mucho mas política que técnica en el sentido jurídico.
Si a ello le sumamos que tiene también facultades para evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez (inciso c), lo transforma en un órgano de control y denuncia principalmente.
Organo de control, precisamente porque debe participar no solo del proceso judicial por aplicación de los artículos 18, 21, 24, 25, 29 y 30; es decir que el Juez no puede prescindir de su participación en el tramite ya que ello implicaría una nulidad insalvable. También debe participar de los procesos de internación voluntaria, cuando estos se prolongue por más de SESENTA (60) días corridos, ya que el equipo de salud a cargo –dependiente del órgano administrativo- debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez.
Organo de denuncia, tanto administrativa como judicialmente, ya que en el artículo 40 se lo faculta a requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares; (inciso f) como a hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades; (inciso g)
Hasta aquí una primera aproximación a la Ley Nacional N° 26.657, sancionada recientemente y que creo, establece una nueva era para el Ministerio Publico de la Defensa, jerarquizándolo de tal manera que ya no será el mismo. No solo debe garantizar el acceso a la justicia por medio de sus presentaciones, tanto en la orbita penal, civil, comercial como de familia, sino que ahora también, deberá controlar la política pública vinculado con los derechos de las personas con discapacidad mental, no solo proponiendo modificaciones a estas políticas, sino controlándolas en su efectivo cumplimiento y también denunciando en la medida que corresponda, a los magistrados y funcionarios judiciales –jueces específicamente-, que no cumplan con el deber de garantizar judicialmente el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional.
Es un desafío interesante que requiere estar a la altura de las circunstancias.



(1)-ARTICULO 38. — Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el Organo de Revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.
(2)-ARTICULO 39. — El Organo de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.