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LA MINISTRA NILDA GARRE DELINEO LOS PUNTOS CENTRALES DE LA NUEVA POLITICA DE SEGURIDAD
“Es preciso dejar atrás el molde militar”
Garré resumió los ejes de su gestión: establecer una conducción política férrea, renovar los mandos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a la calle y romper las relaciones entre policías y delito.
Por Raúl Kollmann
“Es preciso terminar con el autogobierno de las fuerzas policiales y dejar atrás el molde militar. La autonomía de las fuerzas policiales favorece la existencia de redes de ilegalidad y de impunidad que perjudican a toda la sociedad que incluye en ella a los miembros de las fuerzas, ya que es falsa la antinomia ciudadano-policía: los miembros de las fuerzas son también ciudadanos y como tales tienen obligaciones y derechos.” Con esta síntesis, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, resumió los puntos centrales de la nueva política del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, ya adelantados por Página/12 hace casi un mes: establecer una conducción política férrea de todo lo que tiene que ver con seguridad, renovar los mandos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a la calle, romper las relaciones entre policías y delito y combatir las organizaciones delictivas, en especial, las que tienen que ver con el robo de autos, la piratería del asfalto, la trata de personas y el narcotráfico. Una de las medidas más nítidas de esta nueva etapa fue la realización en la madrugada del jueves de 40 allanamientos a prostíbulos porteños. Como existen muchas sospechas de complicidad de policías federales en la trata de personas, el operativo fue concretado por efectivos de la Gendarmería y la Prefectura.
Garré habló durante la inauguración del ciclo lectivo de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal y estuvo acompañada por los funcionarios de mayor rango de su ministerio, como Graciela Caamaño, Ileana Arduino y Gustavo Palmieri, así como el jefe y subjefe de la Federal, Enrique Capdevilla y Alejandro Di Nizo, y los 13 superintendentes de la fuerza. Durante la ceremonia, también Garré entregó insignias a los cadetes egresados.
No es casual que Garré haya presentado los lineamientos centrales de su gestión ante los cadetes. Justamente una de las primeras políticas del ministerio será transformar los planes de estudios de los tres niveles de la educación policial: la escuela de suboficiales, la de oficiales y la Universidad de la Policía Federal. Y no sólo cambiarán los planes de estudios, sino también las autoridades y profesores. Como primera medida, Garré constituyó un equipo que está evaluando todos los programas de estudios y formación. Habrá una fuerte reorientación en materia de valores, estudio del derecho, mecanismos de control o administración en el uso de la fuerza, negociación en caso de conflictos, protocolos de actuación ante las distintas situaciones, intervención en espacios públicos. Tampoco es casual que también ayer la ministra se reuniera con integrantes de las Madres del Dolor y les ofreciera su apoyo para contribuir a la investigación de los hechos que denuncian, que en muchos casos involucran a la propia policía. Las Madres del Dolor participarán en charlas con cadetes y oficiales.
La idea nodal en todos los aspectos es que se pone fin al autogobierno de las fuerzas de seguridad que antes manejaban gran parte de los ascensos, reubicación de jefes, planes de estudios, estrategias frente al delito, operativos y hasta los casos de sospechas de vinculaciones de efectivos con hechos delictivos. Garré lo dijo en forma explícita: habrá una fuerte conducción política, se termina la autonomía de las fuerzas de seguridad. Y cuando mencionó el concepto de abandonar el molde militar, Garré quiso dejar en claro que la vida en la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria no consiste en hacerle la venia al superior, sino en “desarrollar las fuerzas que nuestra sociedad necesita”.
La ministra enumeró que el objetivo será “proteger la vida, las libertades, los bienes, los derechos y las garantías de los ciudadanos. Luchar contra el crimen organizado y el delito complejo. Colaborar con la Justicia en el esclarecimiento del delito. Resguardar a las víctimas, evitando su revictimización. Hacer uso de la fuerza de modo racional y progresivo en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Actuar con transparencia y honradez en la gestión, luchando contra la corrupción. Incrementar la presencia policial en las calles y que esa presencia sea confiable para todos y todas, favorecer la persuasión y prevención frente a situaciones delictivas”.
Los síntomas de cambio en materia de seguridad son nítidos:
- El primero de todos, la creación del ministerio, con una figura fuerte como Garré a la cabeza.
- Se cambió la cúpula de la Policía Federal y es inminente el cambio de todos los jefes de las comisarías porteñas. Justamente es el ministerio el que está estudiando legajo por legajo para tomar las decisiones.
- Cambian todos los programas de estudio.
- La Policía Federal dejó ayer de tramitar y fabricar pasaportes. Ya el 25 dejó de entregar las cédulas de identidad. Todas esas funciones pasaron al Registro Nacional de las Personas. Con ello, los policías pasarán únicamente a ocuparse de seguridad y, además, se abandona el concepto de supervisión y control policial de la sociedad civil.
- Se hará una fuerte reconversión para que las tareas administrativas y de mantenimiento dejen de estar en manos de personal con estado policial.
- La estrategia es volcar más efectivos a las calles y a las tareas de seguridad.
- Este mes serán convocados todos los foros y organizaciones no gubernamentales abocados a cuestiones de seguridad. La idea es consolidar foros que se vinculen con cada comisaría y se efectivice un control social de la actuación policial.
- El énfasis estará puesto también en las cuestiones técnicas. Se instalarán más cámaras; se va a trabajar con la Policía Metropolitana en el sistema 911 que la Metropolitana va a inaugurar este mes y se está preparando un nuevo modelo de patrullero que sería presentado por la Presidenta en las próximas semanas.
- Habrá un estricto control del ministerio en procedimientos claves: allanamientos de desarmaderos, prostíbulos, investigaciones de narcotráfico, control de aviones y pesquisas relacionadas con robos de bancos o blindados.
- Se va a reflotar una comisión mixta de seguridad bancaria, incluyendo al gremio, los empresarios y el Banco Central. Se establecerán nuevas estrategias en esa materia.
- Garré buscará acuerdos con los países limítrofes, en especial Paraguay y Bolivia, para evitar que allí se inscriban autos de dudoso origen. También se buscarán convenios con Paraguay y Bolivia contra la trata de personas.
- Se están revisando todos los protocolos sobre actuación policial en calles o plazas. El objetivo fundamental será preservar las vidas, priorizar la negociación.
“Es indispensable romper los lazos policiales con cadenas del delito, allí donde existan”, dijo ayer Garré. Esta semana, la ministra desplazó a la titular de la comisaría de Almagro por las sospechosas fallas en la actuación frente a robos en departamentos. También los allanamientos a los prostíbulos, dejando al margen a la Policía Federal, marcan una tendencia. En la próxima semana, el Ministerio de Seguridad cumplirá apenas tres meses de existencia. Todo indica que los cambios recién comienzan.
lunes, 7 de marzo de 2011
lunes, 3 de enero de 2011
LA REFUNDACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO ?
(Se sugiere la lectura previa de la Ley 26657 o tenerla a mano para consultar los números de artículos que se mencionan ya que no se incluyen todos aquellos sobre los que se hace referencia)
La reciente sanción de la Ley Nacional N° 26.657 genera lo que a mi entender es un nuevo acto fundacional del Ministerio Publico, en este caso el Ministerio de la Defensa, integrante del Poder Judicial.
Hasta el momento, este órgano que forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional, tiene como misión la de resguardar adecuadamente el debido proceso. Asimismo tiene a su cargo la defensa de los intereses de los pobres, ausentes, menores, demás incapaces y de los presos y condenados, en los casos y bajo los recaudos de las leyes. Debiendo sus magistrados y funcionarios Defender y proteger los derechos humanos dentro del ámbito de su específica competencia, es decir en el marco del proceso judicial especialmente y ejerciendo sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en tanto sean compatibles con la misión atribuida. (art 1 de la Ley 4920 ahora Ley V N° 90). Para cumplir esa misión cuanta además de los funcionarios letrados de planta y otros profesionales auxiliares, con abogados de la matrícula que contrata para cubrir programas permanentes o eventuales, en la forma y condiciones que estipulan esta Ley y su reglamentación.
Queda claro que su misión se delimitaba fundamentalmente en el ámbito del proceso judicial iniciado tanto en el fuero penal como en el civil y comercial o el de familia y solo en contados casos en el ámbito administrativo pero como via preparatoria a la via judicial, principalmente en lo que a Derechos Economicos y Sociales se entiende o como producto de pedidos de informes previos a una demanda civil o comercial. Salvo estos casos, su competencia se delimita al proceso judicial.
Queda claro que la Ley Organica Provincial delimita que forman parte del Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores E Incapaces los siguientes órganos administrativos: Consejo de la Defensa, Defensor General, Defensores Jefes de cada Circunscripción Judicial, Defensores Publicos, Asesores de Familia e Incapaces, Abogados Adjuntos, y Servicio Social.
Con la sanción de la nueva norma nacional, nos encontramos con la creación de un nuevo órgano dentro del Ministerio de la Defensa, llamado el Órgano de Revisión. Según el artículo 38 a 40, este nuevo organismo del Poder Judicial, tiene por fin principal proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental (1) y hasta allí no encontraríamos ninguna diferencia sustancial con lo establecido en la norma orgánica provincial.
El nuevo enfoque de funcionamiento es que este Órgano de Revisión, debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.(2)Es decir, una mesa de enlace de organismos tanto administrativos como de la Sociedad Civil.
Debe entenderse entonces como un ámbito especial donde se profundiza la comunicación y vinculación de todos en un ámbito de discusión de políticas públicas tanto administrativas como Judiciales. Quienes han sido excluidos de esta integración han sido los magistrados (jueces) como la Procuración Fiscal.
Como funciones se le han atribuido las siguientes, según el articulo 40:
a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley;
e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos;
j) Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones;
k) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;
l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.
Voy a detenerme en este primer análisis de una norma en algunos incisos específicos para poder explicarme respecto al titulo de éste trabajo.
Es evidente que, quien tiene facultades para requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos (inciso a), como de supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado (inciso b), esta destinado a garantizar algo mas que el acceso a la justicia, misión principal que detallaba al principio de éste trabajo según la legislación actual. Es un órgano que supervizará la política pública del Estado, que es una misión mucho mas política que técnica en el sentido jurídico.
Si a ello le sumamos que tiene también facultades para evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez (inciso c), lo transforma en un órgano de control y denuncia principalmente.
Organo de control, precisamente porque debe participar no solo del proceso judicial por aplicación de los artículos 18, 21, 24, 25, 29 y 30; es decir que el Juez no puede prescindir de su participación en el tramite ya que ello implicaría una nulidad insalvable. También debe participar de los procesos de internación voluntaria, cuando estos se prolongue por más de SESENTA (60) días corridos, ya que el equipo de salud a cargo –dependiente del órgano administrativo- debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez.
Organo de denuncia, tanto administrativa como judicialmente, ya que en el artículo 40 se lo faculta a requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares; (inciso f) como a hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades; (inciso g)
Hasta aquí una primera aproximación a la Ley Nacional N° 26.657, sancionada recientemente y que creo, establece una nueva era para el Ministerio Publico de la Defensa, jerarquizándolo de tal manera que ya no será el mismo. No solo debe garantizar el acceso a la justicia por medio de sus presentaciones, tanto en la orbita penal, civil, comercial como de familia, sino que ahora también, deberá controlar la política pública vinculado con los derechos de las personas con discapacidad mental, no solo proponiendo modificaciones a estas políticas, sino controlándolas en su efectivo cumplimiento y también denunciando en la medida que corresponda, a los magistrados y funcionarios judiciales –jueces específicamente-, que no cumplan con el deber de garantizar judicialmente el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional.
Es un desafío interesante que requiere estar a la altura de las circunstancias.
(1)-ARTICULO 38. — Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el Organo de Revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.
(2)-ARTICULO 39. — El Organo de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.
viernes, 3 de diciembre de 2010
REFORMA AL CODIGO CIVIL
Acaba de ser sancionada la reforma al Código Civil contenida en la Ley Nº 26.657 (Derecho a la Protección de la Salud Mental) publicada en el Boletín Oficial del día de hoy 03-dic-2010.
En su texto, específicamente en los artículos 42 y 43 contiene reformas a los artículos 152 y 482 del Código Civil según el siguiente contenido:
Ley 26.657 - ARTICULO 42. — Incorpórase como artículo 152 ter del Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.
Ley 26..657 - ARTICULO 43. — Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.
En su texto, específicamente en los artículos 42 y 43 contiene reformas a los artículos 152 y 482 del Código Civil según el siguiente contenido:
Ley 26.657 - ARTICULO 42. — Incorpórase como artículo 152 ter del Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.
Ley 26..657 - ARTICULO 43. — Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.
sábado, 27 de noviembre de 2010
Respecto al 25 de Noviembre (Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres)
Para poder analizar sobre como es que las mujeres ocupan el lugar que ocupan en la sociedad, hay que tener en cuenta el rol que distintas instituciones, al colaborar en la construcción, cada una de ellas y en el ámbito de sus competencias, de un discurso firme en un mismo sentido, afianzar la subalternidad de las mujeres y la determinación que el ámbito en el que les estaba destinado moverse, era solo el domestico.
Reproduzco aquí una parte del texto de la “Conferencia dada en la Biblioteca Pública de la Provincia, el 17 de Julio de 1904” por la Sra. Directora de la escuela superior mixta N° 3, La Plata:
“La escuela común, clama una nueva orientación, por la que se propenda á una educación que responda á las verdaderas necesidades del país en su estado actual. (…) Especialmente para la mujer, es necesario que se le dé mayor amplitud á su instrucción proporcionándole escuelas de artes y oficios, donde se enseñe lavado, planchado, cocina, costura, floricultura, etc. (…)
Para las mujeres, es cuestión ya indiscutible que debe enseñárseles los quehaceres domésticos con especialísima preferencia. Debemos formar el hogar, este deber ser el principio, el comienzo, lo verdaderamente elemental de la tarea de la educacion comun, y como el hogar á su vez influye grandemente en la formacion del carácter de las futuras generaciones, es permitido creer, que por él, podemos avanzar mucho en la tarea de impulsar á las masas por los nuevos rumbos de la actividad humana. (…)
[Se] habla con entusiasmo de los programas de las escuelas belgas, por la importancia que en ellos se dá á la enseñanza de materias relacionadas con la economía doméstica, sintetizadas en los siguientes tópicos: condiciones que debe reunir una habitación para ser sana, ventilación, luz, calor, limpieza; mobiliario; cuidado y limpieza de las ropas segun sus diversos usos; alimentación; preparaciones culinarias; batería de cocina; bebidas diversas; rentas y gastos de la familia; consejos prácticos sobre la manera de criar los niños; cuidados físicos y morales."
Reproduzco aquí una parte del texto de la “Conferencia dada en la Biblioteca Pública de la Provincia, el 17 de Julio de 1904” por la Sra. Directora de la escuela superior mixta N° 3, La Plata:
“La escuela común, clama una nueva orientación, por la que se propenda á una educación que responda á las verdaderas necesidades del país en su estado actual. (…) Especialmente para la mujer, es necesario que se le dé mayor amplitud á su instrucción proporcionándole escuelas de artes y oficios, donde se enseñe lavado, planchado, cocina, costura, floricultura, etc. (…)
Para las mujeres, es cuestión ya indiscutible que debe enseñárseles los quehaceres domésticos con especialísima preferencia. Debemos formar el hogar, este deber ser el principio, el comienzo, lo verdaderamente elemental de la tarea de la educacion comun, y como el hogar á su vez influye grandemente en la formacion del carácter de las futuras generaciones, es permitido creer, que por él, podemos avanzar mucho en la tarea de impulsar á las masas por los nuevos rumbos de la actividad humana. (…)
[Se] habla con entusiasmo de los programas de las escuelas belgas, por la importancia que en ellos se dá á la enseñanza de materias relacionadas con la economía doméstica, sintetizadas en los siguientes tópicos: condiciones que debe reunir una habitación para ser sana, ventilación, luz, calor, limpieza; mobiliario; cuidado y limpieza de las ropas segun sus diversos usos; alimentación; preparaciones culinarias; batería de cocina; bebidas diversas; rentas y gastos de la familia; consejos prácticos sobre la manera de criar los niños; cuidados físicos y morales."
lunes, 27 de septiembre de 2010
vivir con dignidad
Que significa que tenemos derechos? que significa que el ser humano tiene derecho a vivir con dignidad...por ejemplo. Esta pregunta te la hace la campaña que ha lanzado Amnistia Internacional y es seguro que las respuestas no se haran esperar y esperamos que todos puedan aportar ideas, apoyar y tambien pensar cual es su alcance, su significado; pero el real el que nos tiene que alcanzar todos los dias.
A veces escuchamos que vivir con dignidad implica solamente que no seamos maltratados ni se nos falte el respeto. Pero y ¿como se marcan los limites de estos conceptos?. Vivir sin agua o sin una vivienda digna estan incluidos? Tal vez entendamos que una persona que tiene una casa que le ha dado el gobierno o la junta vecinal tambien vive dignamente, pero jamas nos cuestionamos si esa dignidad se ha quebrado como se quiebran poco a poco las paredes de esa casa donde se han puesto materiales de segunda o tercera calidad. Jamas nos preguntamos si hablamos de dignidad cuando una mujer no tiene acceso a un servicio publico, o debe esperar horas para que un funcionario la atienda y le dé "graciosamente" un subsidio miserable. Nadie habla de dignidad cuando una persona enferma no quiere ser sometido a un tratamiento invasivo y se transforma en conejillo de indias de drogas experimentales.
En fin, la dignidad es todo un tema que aun no se ha dimensionado cabalmente...ayudemos a esta tarea de Aministia Internacional entrando en:
http://demanddignity.amnesty.org/es
un abrazo...digno
A veces escuchamos que vivir con dignidad implica solamente que no seamos maltratados ni se nos falte el respeto. Pero y ¿como se marcan los limites de estos conceptos?. Vivir sin agua o sin una vivienda digna estan incluidos? Tal vez entendamos que una persona que tiene una casa que le ha dado el gobierno o la junta vecinal tambien vive dignamente, pero jamas nos cuestionamos si esa dignidad se ha quebrado como se quiebran poco a poco las paredes de esa casa donde se han puesto materiales de segunda o tercera calidad. Jamas nos preguntamos si hablamos de dignidad cuando una mujer no tiene acceso a un servicio publico, o debe esperar horas para que un funcionario la atienda y le dé "graciosamente" un subsidio miserable. Nadie habla de dignidad cuando una persona enferma no quiere ser sometido a un tratamiento invasivo y se transforma en conejillo de indias de drogas experimentales.
En fin, la dignidad es todo un tema que aun no se ha dimensionado cabalmente...ayudemos a esta tarea de Aministia Internacional entrando en:
http://demanddignity.amnesty.org/es
un abrazo...digno
domingo, 8 de agosto de 2010
LOS OTROS Y LA DEMOCRACIA
“Agárrense de las manos y saluden” gritaban los amigos para que los fotógrafos pudieran retratar el momento, mientras los demás asistentes, entre lagrimas y sonrisas hacían palmas y acompañaban a la pareja homosexual que acababa de recibir la libreta de matrimonio, ahora igualitario. La escena puede repetirse en cada Registro Civil de nuestro país a partir de la sanción de la Ley 26618 que habilita a personas del mismo sexo contraer matrimonio.
No estamos ante una “moda” ni un "capricho" de las autoridades de turno; sino que estamos en presencia de la prueba de fuego más grande que ha atravesado nuestro país. Hemos dicho y repetimos desde el año 1983, que nuestra sociedad es una en la que se respeta a los derechos humanos y ello también forma parte no solo del discurso oficial o político, sino también del discurso social cada vez que nos enfrentamos ante cualquier situación donde los derechos de alguien que sufre están en juego.
Pero….realmente respetamos los derechos humanos? Se ha dicho que "los derechos del hombre serán del hombre, cuando sean, de verdad, derechos del otro hombre" (1) Así entonces nos encontramos ante una disyuntiva personal, individual que conlleva un fuerte análisis intersubjetivo y que invito a que se realice; y nos preguntemos ¿yo respeto los derechos humanos mas allá de mi discurso?
Nos encontraremos entonces ante distintas situaciones complejas o conflictos éticos que deberemos resolver al preguntarnos, por ejemplo, si le reconozco a Videla o a Pinochet “sus” propios derechos humanos, es decir a que sea juzgado por un tribunal imparcial, evaluando las pruebas colectadas con total objetividad y aplicando el imperio estricto de la ley. Si mi respuesta es positiva, entonces recién allí podré afirmar que realmente respeto los derechos humanos, lo contrario sería transformarme en simple vengador de los que ha perdido la vida o los derechos y simplemente quiero cambiar el eje del poder, pero jamás podré decir que respeto los derechos humanos. Estaré disfrutando que ahora el poder ha cambiado de manos, pero eso es otra cosa.
Hablar de derechos humanos, vivenciarlo como una forma de vida organizada en sociedad es considerar la diferencia, aceptar que existen otros que viven y piensan de otra manera y que todos debemos sujetarnos al sistema democrático donde cada uno puede ejercer libremente sus derechos, pero que se acaban en el limite donde comienza el derecho de los demás. La democracia no es un ejercicio de libertad sin limites, al contrario, es limitarnos para poder vivir socialmente organizados y que todos tengan cabida en esta sociedad.
No puedo decir que no tengo problemas con los homosexuales, si no les reconozco sus derechos, asi como tampoco puedo decir que no tengo problemas con los judíos o los negros o los integrantes de los pueblos originarios, si solo forma parte de mi discurso y no les reconozco en el “dia a dia” sus derechos a vivir en sociedad. Si considero que todo los “otros”, los que piensen y vivan distinto deben vivir en un ghetto y recién allí podrían gozar de los derechos que quieran, deberé asumir que mi pensamiento se encuentra ubicado mas cerca del totalitarismo –por llamarlo elegantemente- que de un pensamiento democrático. Como dice Noam Chomsky "una libertad sin una opción real para ejercerla es un regalo del diablo". No puede formar parte de mi discurso aquello que realmente no lo reconocemos y solo lo utilizamos para "quedar bien".
Porque debemos considerar que “nosotros” también somos “los otros” para esos “otros”, y en esa puja de posesivos/posesiones, no solo se violan derechos humanos de “humanos”, sino también que se destruye la democracia que supimos conseguir allá por el año 1983.
Considerar que las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio, es considerar a esos “otros” con los mismos derechos que “nosotros”, y eso es lo más igualitario que puede existir en una sociedad democrática. Allí esta el desafío del que hablaba al principio, el de asistir a un proceso de transformación de una sociedad que había desarrollado la hipocresía de sostener por un lado a los “nosotros” y por otro lado a los “otros” con derechos diferentes.
Así el derecho conoció la figura legal de la manceba (concubina no declarada subsistiendo el matrimonio) y que era permitida solo en el caso del hombre; o el caso del actual art 259 del Código Civil que le niega la acción de la madre del hijo matrimonial para impugnar la filiación de su propio hijo porque ello sería un escándalo que atenta contra la propia mujer. Es decir que no se le reconoce a la esposa el derecho de optar por sus propios riesgos y debe permanecer callada y asi la ley presupone que ella continua careciendo de capacidad. En este ejemplo legal, ella y el supuesto padre biológico quien tampoco puede presentarse judicialmente a decirlo son “el otro”, mientras que el esposo (quien sí tiene la acción) es el “nosotros”.
Ahora no hay mas “los otros” y somos todos “nosotros” y realmente celebro estar viviendo en una época donde se ha dado un golpe mortal –desde la legalidad- al oscurantismo que nos sigue desde la Edad Media, y por fin podré asistir a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, donde “todos” podamos vivir en el marco de un Estado de Derecho. Donde no se presupone más el nene y la nena como pareja ideal, sino la libertad de que cada uno satisfaga sus deseos sexuales con la persona que elija, aun cuando sea de su mismo sexo, en tanto ésta acepte.
Donde el derecho a venir deberá transformar y recoger todo este cambio de paradigma y donde el aire ya no se respirará tan enrarecido con los tratos discriminatorios y tantas presiones sociales.
Bienvenidos estos nuevos aires y bienvenido este desafío desde lo personal y como integrante de la sociedad de esta hermosa Republica Argentina.
Bienvenidos a una nueva sociedad
(1) Graciano González Arnaiz, analizando el pensamiento de Emmanuel Lèvinas (1905-1995), "La desacralización de las víctimas. Notas sobre "maneras de pensar" la fundamentación de los derechos del hombre", en revista Anthropos, Nro.176, Barcelona, enero-febrero de 1998, pág.70.
No estamos ante una “moda” ni un "capricho" de las autoridades de turno; sino que estamos en presencia de la prueba de fuego más grande que ha atravesado nuestro país. Hemos dicho y repetimos desde el año 1983, que nuestra sociedad es una en la que se respeta a los derechos humanos y ello también forma parte no solo del discurso oficial o político, sino también del discurso social cada vez que nos enfrentamos ante cualquier situación donde los derechos de alguien que sufre están en juego.
Pero….realmente respetamos los derechos humanos? Se ha dicho que "los derechos del hombre serán del hombre, cuando sean, de verdad, derechos del otro hombre" (1) Así entonces nos encontramos ante una disyuntiva personal, individual que conlleva un fuerte análisis intersubjetivo y que invito a que se realice; y nos preguntemos ¿yo respeto los derechos humanos mas allá de mi discurso?
Nos encontraremos entonces ante distintas situaciones complejas o conflictos éticos que deberemos resolver al preguntarnos, por ejemplo, si le reconozco a Videla o a Pinochet “sus” propios derechos humanos, es decir a que sea juzgado por un tribunal imparcial, evaluando las pruebas colectadas con total objetividad y aplicando el imperio estricto de la ley. Si mi respuesta es positiva, entonces recién allí podré afirmar que realmente respeto los derechos humanos, lo contrario sería transformarme en simple vengador de los que ha perdido la vida o los derechos y simplemente quiero cambiar el eje del poder, pero jamás podré decir que respeto los derechos humanos. Estaré disfrutando que ahora el poder ha cambiado de manos, pero eso es otra cosa.
Hablar de derechos humanos, vivenciarlo como una forma de vida organizada en sociedad es considerar la diferencia, aceptar que existen otros que viven y piensan de otra manera y que todos debemos sujetarnos al sistema democrático donde cada uno puede ejercer libremente sus derechos, pero que se acaban en el limite donde comienza el derecho de los demás. La democracia no es un ejercicio de libertad sin limites, al contrario, es limitarnos para poder vivir socialmente organizados y que todos tengan cabida en esta sociedad.
No puedo decir que no tengo problemas con los homosexuales, si no les reconozco sus derechos, asi como tampoco puedo decir que no tengo problemas con los judíos o los negros o los integrantes de los pueblos originarios, si solo forma parte de mi discurso y no les reconozco en el “dia a dia” sus derechos a vivir en sociedad. Si considero que todo los “otros”, los que piensen y vivan distinto deben vivir en un ghetto y recién allí podrían gozar de los derechos que quieran, deberé asumir que mi pensamiento se encuentra ubicado mas cerca del totalitarismo –por llamarlo elegantemente- que de un pensamiento democrático. Como dice Noam Chomsky "una libertad sin una opción real para ejercerla es un regalo del diablo". No puede formar parte de mi discurso aquello que realmente no lo reconocemos y solo lo utilizamos para "quedar bien".
Porque debemos considerar que “nosotros” también somos “los otros” para esos “otros”, y en esa puja de posesivos/posesiones, no solo se violan derechos humanos de “humanos”, sino también que se destruye la democracia que supimos conseguir allá por el año 1983.
Considerar que las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio, es considerar a esos “otros” con los mismos derechos que “nosotros”, y eso es lo más igualitario que puede existir en una sociedad democrática. Allí esta el desafío del que hablaba al principio, el de asistir a un proceso de transformación de una sociedad que había desarrollado la hipocresía de sostener por un lado a los “nosotros” y por otro lado a los “otros” con derechos diferentes.
Así el derecho conoció la figura legal de la manceba (concubina no declarada subsistiendo el matrimonio) y que era permitida solo en el caso del hombre; o el caso del actual art 259 del Código Civil que le niega la acción de la madre del hijo matrimonial para impugnar la filiación de su propio hijo porque ello sería un escándalo que atenta contra la propia mujer. Es decir que no se le reconoce a la esposa el derecho de optar por sus propios riesgos y debe permanecer callada y asi la ley presupone que ella continua careciendo de capacidad. En este ejemplo legal, ella y el supuesto padre biológico quien tampoco puede presentarse judicialmente a decirlo son “el otro”, mientras que el esposo (quien sí tiene la acción) es el “nosotros”.
Ahora no hay mas “los otros” y somos todos “nosotros” y realmente celebro estar viviendo en una época donde se ha dado un golpe mortal –desde la legalidad- al oscurantismo que nos sigue desde la Edad Media, y por fin podré asistir a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, donde “todos” podamos vivir en el marco de un Estado de Derecho. Donde no se presupone más el nene y la nena como pareja ideal, sino la libertad de que cada uno satisfaga sus deseos sexuales con la persona que elija, aun cuando sea de su mismo sexo, en tanto ésta acepte.
Donde el derecho a venir deberá transformar y recoger todo este cambio de paradigma y donde el aire ya no se respirará tan enrarecido con los tratos discriminatorios y tantas presiones sociales.
Bienvenidos estos nuevos aires y bienvenido este desafío desde lo personal y como integrante de la sociedad de esta hermosa Republica Argentina.
Bienvenidos a una nueva sociedad
(1) Graciano González Arnaiz, analizando el pensamiento de Emmanuel Lèvinas (1905-1995), "La desacralización de las víctimas. Notas sobre "maneras de pensar" la fundamentación de los derechos del hombre", en revista Anthropos, Nro.176, Barcelona, enero-febrero de 1998, pág.70.
domingo, 28 de marzo de 2010
El caso Grassi a la ONU
“Es un caso paradigmático de abuso contra los niños”, dice Nora Schulman, de Casacidn, tras presentar en Ginebra el caso del cura condenado, que sigue visitando a los chicos de la Fundación.
Por Eduardo Videla
El caso del sacerdote Julio César Grassi, que está en libertad pese a haber sido condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de un niño al que debía proteger, llegó al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue a partir de una presentación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) ante el organismo, con sede en Ginebra, que cada cinco años evalúa el cumplimiento de la Convención por parte de los países firmantes. El caso Grassi fue presentado entre otros cuestionamientos, como la permanencia de castigos y torturas en comisarías e institutos y la aplicación de las internaciones como primera medida en las prácticas institucionales, tanto de asistencia como en el sistema penal. “El de Grassi es un caso paradigmático de violencia y abuso contra los niños, que se agravó por la deficiente actuación de la Justicia: la condena es vergonzosa porque le permite a Grassi estar en libertad y entrar a la fundación (Felices los Niños) cuando se le da la gana”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva de Casacidn.
El Casacidn presentó en febrero el tercer informe alternativo sobre el cumplimiento en el país de los derechos de niños y niñas. También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un colectivo de organizaciones especializadas en niñez y adolescencia. Las tres ponencias complementan, con observaciones críticas, la presentación realizada por el gobierno argentino a fines del año pasado, donde se destacaron los avances en materia de cumplimiento de los derechos.
En la sesión de presentación, Nora Schulman, por el Comité de Seguimiento, expresó su especial preocupación por el caso del cura Julio César Grassi, que “luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a 15 años de prisión, aunque no será encarcelado hasta que la condena quede firme”. La directora ejecutiva de la entidad advirtió que “el hecho de que el condenado pueda visitar el lugar donde ocurrieron los abusos sexuales probados por la Justicia constituye una amenaza a los derechos de los chicos y chicas alojados en la Fundación Felices los Niños”.
Eso no es todo. “Grassi sigue dando misa. Y aparece en programas de televisión para pedir plata para su Fundación como si no hubiera pasado nada”, agregó Schulman, en diálogo con este diario.
El 10 de junio del año pasado Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de “Gabriel”, un chico de 13 años que estuvo internado en su fundación. Pero pese a la gravedad de los cargos probados, quedó en libertad, hasta que la sentencia quede firme, porque los jueces consideraron que no existe riesgo de fuga. Y no se le impuso otra restricción para ingresar a la Fundación que “concurrir en horario diurno y acompañado por una persona que él designe”. Es decir que al tribunal le importó más la posibilidad de que el cura escape para burlar a la Justicia que el que pueda volver a tener contactos impropios y abusivos con los chicos internados en esa institución. Tanta confianza le tuvieron los jueces que no le pusieron otra vigilancia que la de una persona allegada al sacerdote. Los jueces, además, no consideraron probadas otras quince denuncias de abusos realizadas por otros dos chicos, identificados como “Luis” y “Ezequiel”.
La condena llegó, además, después de un proceso judicial que duró seis años y que incluyó irregularidades, maniobras, apriete de testigos y denunciantes y un intento de que uno de ello cambie su declaración y retire su denuncia.
Con esta presentación, el Comité de Seguimiento pretende que el Comité de Derechos Humanos de la ONU formule una recomendación al Estado argentino. ¿Qué puede hacer el Estado ante un caso como éste?, preguntó Página/12.
“Por lo pronto, lo que puede hacer es intervenir la Fundación. Y modificar el sistema de internación de chicos en macroinstituciones como ésta, donde se sigue maltratando a los chicos, según denuncian los propios docentes y trabajadores”, respondió Schulman.
Además del caso Grassi, el informe del Comité de Seguimiento hace especial hincapié en circunstancias que afectan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño:
• Inexistencia de circuitos y protocolos nacionales de atención de manifestaciones de violencia contra chicos y chicas.
• Permanencia de castigos corporales y torturas como práctica naturalizada de ciertas instituciones, como comisarías e institutos.
• Vigencia de la internación como primera medida en las prácticas institucionales respecto de niños, niñas y adolescentes.
• Escasas políticas de formación y capacitación en prevención y detección de hechos de violencia familiar, maltrato y abuso.
• Falta de controles en las políticas de internación para chicos y chicas por razones asistenciales y/o penales.
• También se manifestó la preocupación por el crecimiento de la explotación sexual y la trata de personas, que en muchos casos afecta a niñas y adolescentes.
El Casacidn acompañó las observaciones y cuestionamientos con recomendaciones para atender los problemas mencionados, tales como la apertura de espacios de alojamiento adecuados para los menores de edad en conflicto con la ley penal; la reglamentación del programa Nacional de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364), y la profundización de campañas, en el ámbito escolar, sobre explotación sexual, trata de niños y niñas y violencia de género.
De todos los temas presentados, el que llamó más la atención entre los miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU fue el del cura condenado por corrupción de menores, al punto de que la relatora para América latina, Marta Mouras, le preguntó a la delegación de Casacidn si eran habituales los casos de abuso de menores por parte de sacerdotes en la Argentina.
El Comité de Seguimiento, que es parte en la causa judicial, advierte que si hay denegación de justicia seguirá el caso hasta sus últimas consecuencias. “De ser necesario, nos presentaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó Schulman.
Por Eduardo Videla
El caso del sacerdote Julio César Grassi, que está en libertad pese a haber sido condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de un niño al que debía proteger, llegó al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue a partir de una presentación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) ante el organismo, con sede en Ginebra, que cada cinco años evalúa el cumplimiento de la Convención por parte de los países firmantes. El caso Grassi fue presentado entre otros cuestionamientos, como la permanencia de castigos y torturas en comisarías e institutos y la aplicación de las internaciones como primera medida en las prácticas institucionales, tanto de asistencia como en el sistema penal. “El de Grassi es un caso paradigmático de violencia y abuso contra los niños, que se agravó por la deficiente actuación de la Justicia: la condena es vergonzosa porque le permite a Grassi estar en libertad y entrar a la fundación (Felices los Niños) cuando se le da la gana”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva de Casacidn.
El Casacidn presentó en febrero el tercer informe alternativo sobre el cumplimiento en el país de los derechos de niños y niñas. También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un colectivo de organizaciones especializadas en niñez y adolescencia. Las tres ponencias complementan, con observaciones críticas, la presentación realizada por el gobierno argentino a fines del año pasado, donde se destacaron los avances en materia de cumplimiento de los derechos.
En la sesión de presentación, Nora Schulman, por el Comité de Seguimiento, expresó su especial preocupación por el caso del cura Julio César Grassi, que “luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a 15 años de prisión, aunque no será encarcelado hasta que la condena quede firme”. La directora ejecutiva de la entidad advirtió que “el hecho de que el condenado pueda visitar el lugar donde ocurrieron los abusos sexuales probados por la Justicia constituye una amenaza a los derechos de los chicos y chicas alojados en la Fundación Felices los Niños”.
Eso no es todo. “Grassi sigue dando misa. Y aparece en programas de televisión para pedir plata para su Fundación como si no hubiera pasado nada”, agregó Schulman, en diálogo con este diario.
El 10 de junio del año pasado Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de “Gabriel”, un chico de 13 años que estuvo internado en su fundación. Pero pese a la gravedad de los cargos probados, quedó en libertad, hasta que la sentencia quede firme, porque los jueces consideraron que no existe riesgo de fuga. Y no se le impuso otra restricción para ingresar a la Fundación que “concurrir en horario diurno y acompañado por una persona que él designe”. Es decir que al tribunal le importó más la posibilidad de que el cura escape para burlar a la Justicia que el que pueda volver a tener contactos impropios y abusivos con los chicos internados en esa institución. Tanta confianza le tuvieron los jueces que no le pusieron otra vigilancia que la de una persona allegada al sacerdote. Los jueces, además, no consideraron probadas otras quince denuncias de abusos realizadas por otros dos chicos, identificados como “Luis” y “Ezequiel”.
La condena llegó, además, después de un proceso judicial que duró seis años y que incluyó irregularidades, maniobras, apriete de testigos y denunciantes y un intento de que uno de ello cambie su declaración y retire su denuncia.
Con esta presentación, el Comité de Seguimiento pretende que el Comité de Derechos Humanos de la ONU formule una recomendación al Estado argentino. ¿Qué puede hacer el Estado ante un caso como éste?, preguntó Página/12.
“Por lo pronto, lo que puede hacer es intervenir la Fundación. Y modificar el sistema de internación de chicos en macroinstituciones como ésta, donde se sigue maltratando a los chicos, según denuncian los propios docentes y trabajadores”, respondió Schulman.
Además del caso Grassi, el informe del Comité de Seguimiento hace especial hincapié en circunstancias que afectan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño:
• Inexistencia de circuitos y protocolos nacionales de atención de manifestaciones de violencia contra chicos y chicas.
• Permanencia de castigos corporales y torturas como práctica naturalizada de ciertas instituciones, como comisarías e institutos.
• Vigencia de la internación como primera medida en las prácticas institucionales respecto de niños, niñas y adolescentes.
• Escasas políticas de formación y capacitación en prevención y detección de hechos de violencia familiar, maltrato y abuso.
• Falta de controles en las políticas de internación para chicos y chicas por razones asistenciales y/o penales.
• También se manifestó la preocupación por el crecimiento de la explotación sexual y la trata de personas, que en muchos casos afecta a niñas y adolescentes.
El Casacidn acompañó las observaciones y cuestionamientos con recomendaciones para atender los problemas mencionados, tales como la apertura de espacios de alojamiento adecuados para los menores de edad en conflicto con la ley penal; la reglamentación del programa Nacional de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364), y la profundización de campañas, en el ámbito escolar, sobre explotación sexual, trata de niños y niñas y violencia de género.
De todos los temas presentados, el que llamó más la atención entre los miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU fue el del cura condenado por corrupción de menores, al punto de que la relatora para América latina, Marta Mouras, le preguntó a la delegación de Casacidn si eran habituales los casos de abuso de menores por parte de sacerdotes en la Argentina.
El Comité de Seguimiento, que es parte en la causa judicial, advierte que si hay denegación de justicia seguirá el caso hasta sus últimas consecuencias. “De ser necesario, nos presentaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó Schulman.
jueves, 7 de enero de 2010
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
Hola a todas y todos....Desde hace un tiempo he empezado a eliminar gratamente, algunos mails que son reenviados -evidentemente por todo el pais- donde lo único que se pretende es, insultar groseramente, criticar sin proponer ideas y solo atacar a la persona de la Presidente, su entorno o algún funcionario. Estos mails, están muy bien elaborados y evidentemente quienes lo hacen no son inocentes, sino que tienen por fin -tal como la gotita de la famosa tortura china- taladrarnos la cabeza para que pensemos del mismo modo y lo reflejemos la próxima vez que vayamos a votar. Es decir, aunque no lo parezca o algunos se esfuercen en disimularlo, la campaña presidencial ya empezó, y si va a seguir de esta forma preparémonos para lo que viene.
Espero y los invito para ello, a hacer el análisis de la situación socio-política, con una mirada critica y seria, buscando información objetiva sin dejarnos llevar para el lado de un pensamiento que, evidentemente y sin esconderlo, no tiene nada de democrático.
Hay que criticar las ideas, los proyectos, no las personas. Ni de un lado ni del otro. Claro esta que también soy critico de algunas políticas publicas, pero también apoyo otras y busco siempre información que me lleve a una conclusión que sea respetuosa del sistema democrático que hemos adoptado. Evidentemente quienes elaboran estas cadenas, disfrazadas de chistes fáciles, sonrisas o supuestas denuncias esconden un discurso poco democrático como que “hay que matarlos” o que “hay que echarlos”, sin contar con los gruesos epítetos dirigidos a la figura presidencial, sin dejar de pasar por Evo, Chavez, Lula, etc etc etc.
Seamos coherentes y democráticos…O es mucho pedir?
El trabajo serio, critico y analítico hay que destacarlo y ojala se hagan cadenas de mail con ellos.
Un ejemplo claro es el que resulta de analizar la tarea que ha llevado a cabo el CELS, generando un espacio donde reunió a una buena cantidad de personalidades, políticos con representación parlamentaria, referentes sociales, universitarios, organismos de Derechos Humanos, etc. y los invito a buscar y consensuar un plan de trabajo para resolver el tema de la INSEGURIDAD, pero enfocada desde un punto de vista democrático. Así es que se elaboro una serie de puntos o principios que deben servir de partida para el diseño de herramientas para una política publica eficaz sobre el tema.
Estas conclusiones, son muy interesantes para leer y analizar ya que pone en evidencia la contradicción que hay entre el discurso de quienes pretenden imponer soluciones facilistas, y quienes pretenden la búsqueda de soluciones reales, pero siempre desde un punto de vista democrático.
Estos principios ya están presentados en el Congreso Nacional para que por medio de las Comisiones, se trabaje en la elaboración de respuestas efectivas. Evidentemente no están cargadas de un tinte electoralista, sino que son el producto del análisis serio de quienes fueron invitados a trabajar. Habrá que analizar a los representantes de los partidos que suscribieron el documento si lo defienden o también entran en el discurso facilista de pedir pena de muerte o cárcel para todos, incluyendo a los niños.
Pongo a consideración de ustedes entonces, el documento que fue publicado en el diario Pagina12 del día 29 de Diciembre pasado.
Un abrazo a todas y todos
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS).
Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense.
Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria.
También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur).
En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria).
Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza.
Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT).
Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
Espero y los invito para ello, a hacer el análisis de la situación socio-política, con una mirada critica y seria, buscando información objetiva sin dejarnos llevar para el lado de un pensamiento que, evidentemente y sin esconderlo, no tiene nada de democrático.
Hay que criticar las ideas, los proyectos, no las personas. Ni de un lado ni del otro. Claro esta que también soy critico de algunas políticas publicas, pero también apoyo otras y busco siempre información que me lleve a una conclusión que sea respetuosa del sistema democrático que hemos adoptado. Evidentemente quienes elaboran estas cadenas, disfrazadas de chistes fáciles, sonrisas o supuestas denuncias esconden un discurso poco democrático como que “hay que matarlos” o que “hay que echarlos”, sin contar con los gruesos epítetos dirigidos a la figura presidencial, sin dejar de pasar por Evo, Chavez, Lula, etc etc etc.
Seamos coherentes y democráticos…O es mucho pedir?
El trabajo serio, critico y analítico hay que destacarlo y ojala se hagan cadenas de mail con ellos.
Un ejemplo claro es el que resulta de analizar la tarea que ha llevado a cabo el CELS, generando un espacio donde reunió a una buena cantidad de personalidades, políticos con representación parlamentaria, referentes sociales, universitarios, organismos de Derechos Humanos, etc. y los invito a buscar y consensuar un plan de trabajo para resolver el tema de la INSEGURIDAD, pero enfocada desde un punto de vista democrático. Así es que se elaboro una serie de puntos o principios que deben servir de partida para el diseño de herramientas para una política publica eficaz sobre el tema.
Estas conclusiones, son muy interesantes para leer y analizar ya que pone en evidencia la contradicción que hay entre el discurso de quienes pretenden imponer soluciones facilistas, y quienes pretenden la búsqueda de soluciones reales, pero siempre desde un punto de vista democrático.
Estos principios ya están presentados en el Congreso Nacional para que por medio de las Comisiones, se trabaje en la elaboración de respuestas efectivas. Evidentemente no están cargadas de un tinte electoralista, sino que son el producto del análisis serio de quienes fueron invitados a trabajar. Habrá que analizar a los representantes de los partidos que suscribieron el documento si lo defienden o también entran en el discurso facilista de pedir pena de muerte o cárcel para todos, incluyendo a los niños.
Pongo a consideración de ustedes entonces, el documento que fue publicado en el diario Pagina12 del día 29 de Diciembre pasado.
Un abrazo a todas y todos
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS).
Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense.
Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria.
También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur).
En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria).
Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza.
Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT).
Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
El Régimen Penal Juvenil en Argentina: ¿en debate?
Por la actualidad del tema reproduzco aqui, una parte del articulo publicado en la pagina de Mg/Lic. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN y que puede leerse en forma completa en:
http://www.cuestionsocial.com.ar/ la que recomiendo visitar.
Si bien el mismo fue elaborado por Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) de la República Argentina, bajo el título “Régimen Penal Juvenil: volvieron a la carga”, y publicado en www.cepoc-cepoc.blogspot.com no dejan de ser sus argumentos esclarecedores de la posición de muchos que, como yo, entienden que la cuestión es mucha mas de fondo y no por la ocasional presión por determinado hecho. O asumimos los problemas como sociedad y nos sacamos la careta, o este problema no se soluciona mas y seguiremos apostando a soluciones simplistas.
Aqui parte de ese artículo:
POR QUÉ NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 14 AÑOS
* PORQUE ES REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
* PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.
* PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
* PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
* PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef. org/argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tenedríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderí an a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años http://http: //www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-123922- 2009-04-26. html Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.
* PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada. * PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
* PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.
* PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
* PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños. Aún estos, los ajenos y demonizados.
http://www.cuestionsocial.com.ar/ la que recomiendo visitar.
Si bien el mismo fue elaborado por Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) de la República Argentina, bajo el título “Régimen Penal Juvenil: volvieron a la carga”, y publicado en www.cepoc-cepoc.blogspot.com no dejan de ser sus argumentos esclarecedores de la posición de muchos que, como yo, entienden que la cuestión es mucha mas de fondo y no por la ocasional presión por determinado hecho. O asumimos los problemas como sociedad y nos sacamos la careta, o este problema no se soluciona mas y seguiremos apostando a soluciones simplistas.
Aqui parte de ese artículo:
POR QUÉ NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 14 AÑOS
* PORQUE ES REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
* PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.
* PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
* PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
* PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef. org/argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tenedríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderí an a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años http://http: //www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-123922- 2009-04-26. html Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.
* PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada. * PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
* PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.
* PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
* PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños. Aún estos, los ajenos y demonizados.
viernes, 4 de diciembre de 2009
TEXTO DE LA REFORMA AL CODIGO CIVIL (Mayoria de edad)
Se acaba de sancionar por parte del Senado de la Nación, un proyecto de ley que modifica la edad en que una persona asume la plena capacidad civil y comercial, es decir la mayoria de edad.
El proyecto, que aun resta sea promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional, no solo trata de este tema, sino que modifica el Codigo Civil en varios artículos vinculados con ésta nueva capacidad "plena".
La polémica está abierta, ya que hay algunas cuestiones en que el proyecto aparece, al menos, contradictorio y puede dar lugar a interesantes planteos judiciales.
Aqui les acompaño el texo del mismo, para que se pueda analizar y comenzar la discusión:
CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º - Modificase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección Segunda del Libro I, los que quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 126: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años."
"Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho años cumplidos."
"Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una
profesión puede ejercerlas por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello."
"Artículo 131: Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores."
"Artículo 132: La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo
hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad."
“Artículo 166: Son impedimentos para contraer matrimonio:
1.- La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.
2.- La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3.- El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1,2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado,adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.
4.- La afinidad en línea recta en todos los grados.
5.-Tener menos de dieciocho años.
6.- El matrimonio anterior, mientras subsista.
7.-Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio dolosos de uno de los cónyuges.
8.- La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.
9.- La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.
"Artículo 168: Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez."
"Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283."
"Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1) Por la muerte de los padres o de los hijos;
2) Por profesión de los padres en institutos monásticos ;
3) Por llegar los hijos a la mayor edad;
4) Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;
5) Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción."
"Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela."
Artículo 2º - Derógase el inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil.
Artículo 3º - Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil, el siguiente:
"La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo."
Artículo 4º - Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I del Código de Comercio.
Artículo 5º - Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los
dieciocho (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social en que dichos beneficios se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Artículo 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El proyecto, que aun resta sea promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional, no solo trata de este tema, sino que modifica el Codigo Civil en varios artículos vinculados con ésta nueva capacidad "plena".
La polémica está abierta, ya que hay algunas cuestiones en que el proyecto aparece, al menos, contradictorio y puede dar lugar a interesantes planteos judiciales.
Aqui les acompaño el texo del mismo, para que se pueda analizar y comenzar la discusión:
CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º - Modificase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección Segunda del Libro I, los que quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 126: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años."
"Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho años cumplidos."
"Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una
profesión puede ejercerlas por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello."
"Artículo 131: Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores."
"Artículo 132: La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo
hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad."
“Artículo 166: Son impedimentos para contraer matrimonio:
1.- La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.
2.- La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3.- El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1,2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado,adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.
4.- La afinidad en línea recta en todos los grados.
5.-Tener menos de dieciocho años.
6.- El matrimonio anterior, mientras subsista.
7.-Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio dolosos de uno de los cónyuges.
8.- La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.
9.- La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.
"Artículo 168: Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez."
"Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283."
"Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1) Por la muerte de los padres o de los hijos;
2) Por profesión de los padres en institutos monásticos ;
3) Por llegar los hijos a la mayor edad;
4) Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;
5) Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción."
"Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela."
Artículo 2º - Derógase el inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil.
Artículo 3º - Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil, el siguiente:
"La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo."
Artículo 4º - Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I del Código de Comercio.
Artículo 5º - Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los
dieciocho (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social en que dichos beneficios se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Artículo 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
viernes, 27 de noviembre de 2009
SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Exposición brindada el día 25 de Noviembre de 2009 en el Centro Cultural Trelew de la Municipalidad de Trelew. Organizado por la Municipalidad de Trelew y UPCN
Hace aproximadamente 2 años nos habíamos encontrado en este mismo recinto para hablar de este tema que hoy nos convoca. Y si mal no recuerdo en aquel momento la situación de los derechos de la mujer, estaba en un punto muy complicado ya que se había producido un retroceso importantísimo luego de la reforma del Código Procesal Penal de nuestra Provincia sancionada por la Legislatura Provincial.
Con posterioridad a aquella charla se comenzaron a realizar distintas reuniones a partir de la inquietud de varios dirigentes de ésta ciudad, entre ellos funcionarios municipales, provinciales de los tres poderes, como diputados provinciales, etc., tendientes a generar el debate necesario para avanzar en una reforma a la anterior Ley 4118 que, como producto de aquella reforma Procesal Penal, había dejado de tener sus herramientas operativas mas importantes en la defensa de los derechos de las mujeres.
Es así entonces, como desde aquí, desde la ciudad de Trelew, se empieza a gestar esta reforma que hoy, en el año 2009, se concretó en el mes de abril luego del trabajo de una Comisión Interpoderes a la que varios pudimos hacer llegar nuestros aportes, así como también muchísimos dirigentes, barriales, comunales de toda la provincia, para luego ser promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial y hoy se encuentra en plena aplicación.
Esta necesidad de reforma también estaba siendo evaluada a nivel nacional y generó la sanción también en el mes de abril de este año, de la Ley 26.485 que además, es de orden público, es decir la tenemos que aplicar sin discutir…TODOS..
Es de destacar que tanto a nivel nacional como provincial, se incorpora a la terminología legislativa la cuestión de género, lo que implica ya un gran avance en el reconocimiento de ésta problemática en el ámbito jurídico. Ahora bien, eso ha sido solo un primer paso, ya que una ley por sí sola no cambia la situación del derecho de las mujeres, máxime cuando la cultura patriarcal está involucrada.
Entonces, sin pretender aburrirlos con la narración de la ley y un análisis pormenorizado de la misma, quisiera brevemente poner el acento para compartir con ustedes, de algunos conceptos que en algunos casos la nueva legislación nacional como la provincial han regulado y para luego concluir con mi opinión respecto a los pasos que deberemos seguir transitando.
• En primer lugar en ambas leyes aunque con distinta metodología, se afirma que la prevención, la protección la sanción y la erradicación de la violencia ejercida contra la mujer es una cuestión de Estado. Es decir que esto nos involucra a todos, y no solo a las dependencias del estado, sino también a la sociedad civil. Y no es una mera declaración, sino que se han implementado medidas puntuales para ello. Así por ejemplo:
En la norma nacional ahora se impone la obligación de formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Esa obligación alcanza a las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, ya sean del ámbito público o privado, y que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres.
No solo cuando la violencia es ejercida contra niños/niñas o adolescentes, como en la provincial, sino contra la mujer adulta.
En el caso de la sociedad civil y en la ley provincial también se admite la denuncia por terceras personas, o sea un vecino, o un familiar no conviviente, cuya identidad podrá preservarse, debiendo el Juez/a citar a la víctima a los efectos de verificar lo denunciado. Es cierto que la terminología utilizada no es la mejor, ya que debía haberse dicho que la identidad del denunciante DEBE preservarse, porque de lo contrario si rápidamente se pone en conocimiento del autor de la violencia quien lo ha denunciado, el efecto será que nadie querrá realizar la denuncia por temor a las represalias familiares…por ej.
• En otro orden de cosas, la ley provincial ha incluido una afirmación digna de destacar, toda vez que en su artículo 1 apartado XI cuando establece sus principios dice textualmente “La razón de ser de la Ley reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la víctima y de la familia frente al agresor”.
Esto implica un cambio rotundo en la forma ver el problema, consecuente con la instrumentación como una cuestión de Estado. Porque históricamente la problemática familiar, y principalmente la violencia de género ha sido tratada como una cuestión del ámbito privado y por ende es un espacio reservado solo para el dominio del jefe de hogar, proveedor y protector del sexo débil. Dicho sea, de paso, este concepto viene desde el Código Civil que sanciona Napoleón y por eso realiza toda una serie de legislación donde la mujer era tratada como incapaz.
Pero, a partir de las luchas feministas se produce el paso de lo privado a lo público de toda la problemática de la familia y especialmente de la violencia de género permitiendo poner al descubierto que existe una flagrante violación a los derechos humanos.
La violencia contra cualquier integrante de la familia, debe ser sancionada y precisamente quien viola los derechos humanos de su familiar, NO DEBE FORMAR PARTE DE ESA FAMILIA. Precisamente para respetar el concepto de que es la célula básica de la sociedad y por ende es donde comienza el proceso de socialización. Esta consiste en el aprendizaje de las normas básicas para luego transformarse en ciudadanos.
Por eso, la ley acierta cuando afirma que la familia debe preservarse frente al agresor, y este debe quedar fuera de ella.
• Otra política muy interesante que aporta la nueva ley, y que recompone el retroceso del que hablábamos al comienzo, es que le da mucha importancia al fuero penal, al punto tal que en la nueva nomenclatura legislativa, -Ley XV- implica que forma parte de la normativa vinculada con el fuero penal, porque se ha entendido que es quien se encuentra en mejores condiciones para dictar las medidas mas rapidas de protección. A tal punto que en el articulo 5 de la Ley Provincial, comienza afirmando que Las denuncias deberán hacerse por ante la Autoridad Policial, el Ministerio Público Fiscal, La Defensoría Pública o el Juez/a y en los casos en que en razón de los hechos comunicados emerja la presunta comisión de un delito contra la vida o la integridad sexual, y se advierta peligro a la integridad física o psíquica de la persona damnificada, la autoridad policial deberá comunicar de manera urgente al Ministerio Público Fiscal, quien requerirá la medida cautelar que corresponda, que será evaluada por el Juez/a de Garantías todo ello en el lapso máximo de veinticuatro (24) horas.
Este no es un tema pacifico, a tal punto que la misma Vice Presidenta de la SCJN –Dra Highthon de Nolazco- el día 5 de este mes, ha “denunciado” que el 89% de las causas en que se denuncia violencia familiar y que han sido derivadas al fuero penal han sido archivadas sin ninguna otra actuación. La magistrada, como integrante de la SCJN se lo ha solicitado públicamente en estos términos: “…no propugnamos procesamientos o condenas pero sí que se investigue la problemática de la violencia doméstica…”
Nuestra ley provincial, a diferencia de la nacional, ha optado por darle intervención al fuero penal, lo que es un claro acierto y esperemos que sigamos avanzando en este sentido para que la violencia sea EFECTIVAMENTE SANCIONADA COMO CORRESPONDE DE ACUERDO A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.
Es necesario abandonar aquellos doctrinarios que han influido en la capacitación de los operadores jurídicos, que solo buscaban afirmar el rol de la mujer como pobre victima de la defensa de sus derechos. Se sostiene la idea de que es peligroso para la propia mujer, que pida ayuda a la policía o a un juez, porque se vería entrampada en sus propias peticiones quedándose sin marido proveedor, sin un hogar o sin hijos. Pero estos criterios, solo son utilizados por autores nacionales cuyas ideologías patriarcales quedan rápidamente al descubierto cuando son contrastadas con los tratados internacionales de derechos humanos.
Si la Convención de Belem do Para dice que la mujer de contar con un recurso agil y eficaz en la defensa de sus derechos, y si todos lo cumplimos, no habrá riesgos. La protección debe ser integral y para eso cada uno debe jugar el rol que tiene en el sistema jurídico de un régimen democrático donde TODOS SOMOS IGUALES y la impunidad en la violencia de genero, no puede ser la regla.
No puede ser y debemos resistirnos, que quien roba una billetera le cae todo el aparato penal encima, pero si esa persona golpea a su mujer, “vamos a ver”, o “es una cuestión de familia” o no te metas porque es privado”. Este no puede ser un criterio valido en nuestra sociedad y debemos continuar profundizando estos principios.
• Como un cuarto punto importante en la reforma, ambas leyes han ampliado la conceptualización de la violencia. Así, con terminología similar, en ambas se incluye la violencia:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
En cambio en la ley nacional se ha incluido también la violencia Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Si recuerdan en este año se hizo sendas denuncias por este tipo de violencia contra una marca de desodorante, por haber implementado una publicidad donde se representaba un juego en el que se ganaban puntos por golpear a mujeres; o también al diario Clarín que publicó un artículo donde afirmaba que las mujeres de clase social más baja se embarazaban a propósito para poder vivir del estado.
• Por ultimo, quiero resaltar un diseño a largo plazo, pero muy efectivo a mi modesto punto de vista. La ley provincial se ha preocupado en establecer como principio de política publica, la capacitación. Pero no es un concepto aislado o una mera afirmación que como otras, puede quedar solo en la promesa en el texto de la ley.
Se afirma que el estado garantiza “..La capacitación permanente en cuestiones de prevención y tratamiento de la violencia familiar de todas las dependencias públicas, especialmente del personal policial, judicial, de salud, de educación, y de todos los profesionales pertenecientes a los órganos y a las áreas donde puedan detectarse situaciones de violencia familiar….” Al punto tal que se ha impuesto la obligación de implementar la formación de personal policial, en el ciclo lectivo siguiente a partir de la vigencia normativa de la presente Ley, es decir en el año 2010.
Pero también la promoción de programas educativos que enseñen valores éticos de irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana, que aseguren una convivencia social y familiar saludable. Incluyendo en forma destacada en las currículas escolares de todos los niveles de enseñanza, para los contenidos relativos a los derechos humanos, a la equidad de género y de raza o etnia y al problema de la violencia familiar.
Esta es a mi criterio una apuesta al futuro, para poder concretar desde los primeros años de enseñanza el aprendizaje de los derechos humanos desde la primera infancia. Esta es la mejor demostración que el estado apuesta a la socialización desde estos principios.
Bueno, quedan muchos otros puntos sobre los que podríamos hablar, pero no quiero finalizar mi participación en este encuentro tan importante, sin tratar de acercar alguna propuesta para los próximos pasos.
1. Debería jerarquizarse las aéreas gubernamentales que se encargan del diseño de las políticas públicas de las mujeres. Otorgárseles mayores presupuestos, con más Equipos Técnicos, y profesionales mejores pagos.
2. Y también es prioritario que existan mas cantidad de refugios donde puedan recurrir las mujeres que en muchos casos deben huir de sus hogares en medio de la noche, o permanecer un tiempo con protecciones especiales junto a sus hijos, hasta que se obtenga una protección integral de esa problemática.
3. Debería generarse un espacio con la Universidad local para asegurar la implementación de una tecnicatura que aporte operadores suficientemente capacitados con el fin de garantizar que este nuevo paradigma que nos trae la nueva legislación se vayan multiplicando en cada intervención estatal y social.
4. Finalmente debe incentivarse en la sociedad civil, la formación de Organizaciones No Gubernamentales, ayudar a varias agrupaciones que hoy se encuentran funcionando para que la participación de todos, se vea favorecido e incentivado por ser el elemento fundamental del sistema democrático como queremos sostenerlo.
MUCHAS GRACIAS
Hace aproximadamente 2 años nos habíamos encontrado en este mismo recinto para hablar de este tema que hoy nos convoca. Y si mal no recuerdo en aquel momento la situación de los derechos de la mujer, estaba en un punto muy complicado ya que se había producido un retroceso importantísimo luego de la reforma del Código Procesal Penal de nuestra Provincia sancionada por la Legislatura Provincial.
Con posterioridad a aquella charla se comenzaron a realizar distintas reuniones a partir de la inquietud de varios dirigentes de ésta ciudad, entre ellos funcionarios municipales, provinciales de los tres poderes, como diputados provinciales, etc., tendientes a generar el debate necesario para avanzar en una reforma a la anterior Ley 4118 que, como producto de aquella reforma Procesal Penal, había dejado de tener sus herramientas operativas mas importantes en la defensa de los derechos de las mujeres.
Es así entonces, como desde aquí, desde la ciudad de Trelew, se empieza a gestar esta reforma que hoy, en el año 2009, se concretó en el mes de abril luego del trabajo de una Comisión Interpoderes a la que varios pudimos hacer llegar nuestros aportes, así como también muchísimos dirigentes, barriales, comunales de toda la provincia, para luego ser promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial y hoy se encuentra en plena aplicación.
Esta necesidad de reforma también estaba siendo evaluada a nivel nacional y generó la sanción también en el mes de abril de este año, de la Ley 26.485 que además, es de orden público, es decir la tenemos que aplicar sin discutir…TODOS..
Es de destacar que tanto a nivel nacional como provincial, se incorpora a la terminología legislativa la cuestión de género, lo que implica ya un gran avance en el reconocimiento de ésta problemática en el ámbito jurídico. Ahora bien, eso ha sido solo un primer paso, ya que una ley por sí sola no cambia la situación del derecho de las mujeres, máxime cuando la cultura patriarcal está involucrada.
Entonces, sin pretender aburrirlos con la narración de la ley y un análisis pormenorizado de la misma, quisiera brevemente poner el acento para compartir con ustedes, de algunos conceptos que en algunos casos la nueva legislación nacional como la provincial han regulado y para luego concluir con mi opinión respecto a los pasos que deberemos seguir transitando.
• En primer lugar en ambas leyes aunque con distinta metodología, se afirma que la prevención, la protección la sanción y la erradicación de la violencia ejercida contra la mujer es una cuestión de Estado. Es decir que esto nos involucra a todos, y no solo a las dependencias del estado, sino también a la sociedad civil. Y no es una mera declaración, sino que se han implementado medidas puntuales para ello. Así por ejemplo:
En la norma nacional ahora se impone la obligación de formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Esa obligación alcanza a las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, ya sean del ámbito público o privado, y que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres.
No solo cuando la violencia es ejercida contra niños/niñas o adolescentes, como en la provincial, sino contra la mujer adulta.
En el caso de la sociedad civil y en la ley provincial también se admite la denuncia por terceras personas, o sea un vecino, o un familiar no conviviente, cuya identidad podrá preservarse, debiendo el Juez/a citar a la víctima a los efectos de verificar lo denunciado. Es cierto que la terminología utilizada no es la mejor, ya que debía haberse dicho que la identidad del denunciante DEBE preservarse, porque de lo contrario si rápidamente se pone en conocimiento del autor de la violencia quien lo ha denunciado, el efecto será que nadie querrá realizar la denuncia por temor a las represalias familiares…por ej.
• En otro orden de cosas, la ley provincial ha incluido una afirmación digna de destacar, toda vez que en su artículo 1 apartado XI cuando establece sus principios dice textualmente “La razón de ser de la Ley reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la víctima y de la familia frente al agresor”.
Esto implica un cambio rotundo en la forma ver el problema, consecuente con la instrumentación como una cuestión de Estado. Porque históricamente la problemática familiar, y principalmente la violencia de género ha sido tratada como una cuestión del ámbito privado y por ende es un espacio reservado solo para el dominio del jefe de hogar, proveedor y protector del sexo débil. Dicho sea, de paso, este concepto viene desde el Código Civil que sanciona Napoleón y por eso realiza toda una serie de legislación donde la mujer era tratada como incapaz.
Pero, a partir de las luchas feministas se produce el paso de lo privado a lo público de toda la problemática de la familia y especialmente de la violencia de género permitiendo poner al descubierto que existe una flagrante violación a los derechos humanos.
La violencia contra cualquier integrante de la familia, debe ser sancionada y precisamente quien viola los derechos humanos de su familiar, NO DEBE FORMAR PARTE DE ESA FAMILIA. Precisamente para respetar el concepto de que es la célula básica de la sociedad y por ende es donde comienza el proceso de socialización. Esta consiste en el aprendizaje de las normas básicas para luego transformarse en ciudadanos.
Por eso, la ley acierta cuando afirma que la familia debe preservarse frente al agresor, y este debe quedar fuera de ella.
• Otra política muy interesante que aporta la nueva ley, y que recompone el retroceso del que hablábamos al comienzo, es que le da mucha importancia al fuero penal, al punto tal que en la nueva nomenclatura legislativa, -Ley XV- implica que forma parte de la normativa vinculada con el fuero penal, porque se ha entendido que es quien se encuentra en mejores condiciones para dictar las medidas mas rapidas de protección. A tal punto que en el articulo 5 de la Ley Provincial, comienza afirmando que Las denuncias deberán hacerse por ante la Autoridad Policial, el Ministerio Público Fiscal, La Defensoría Pública o el Juez/a y en los casos en que en razón de los hechos comunicados emerja la presunta comisión de un delito contra la vida o la integridad sexual, y se advierta peligro a la integridad física o psíquica de la persona damnificada, la autoridad policial deberá comunicar de manera urgente al Ministerio Público Fiscal, quien requerirá la medida cautelar que corresponda, que será evaluada por el Juez/a de Garantías todo ello en el lapso máximo de veinticuatro (24) horas.
Este no es un tema pacifico, a tal punto que la misma Vice Presidenta de la SCJN –Dra Highthon de Nolazco- el día 5 de este mes, ha “denunciado” que el 89% de las causas en que se denuncia violencia familiar y que han sido derivadas al fuero penal han sido archivadas sin ninguna otra actuación. La magistrada, como integrante de la SCJN se lo ha solicitado públicamente en estos términos: “…no propugnamos procesamientos o condenas pero sí que se investigue la problemática de la violencia doméstica…”
Nuestra ley provincial, a diferencia de la nacional, ha optado por darle intervención al fuero penal, lo que es un claro acierto y esperemos que sigamos avanzando en este sentido para que la violencia sea EFECTIVAMENTE SANCIONADA COMO CORRESPONDE DE ACUERDO A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.
Es necesario abandonar aquellos doctrinarios que han influido en la capacitación de los operadores jurídicos, que solo buscaban afirmar el rol de la mujer como pobre victima de la defensa de sus derechos. Se sostiene la idea de que es peligroso para la propia mujer, que pida ayuda a la policía o a un juez, porque se vería entrampada en sus propias peticiones quedándose sin marido proveedor, sin un hogar o sin hijos. Pero estos criterios, solo son utilizados por autores nacionales cuyas ideologías patriarcales quedan rápidamente al descubierto cuando son contrastadas con los tratados internacionales de derechos humanos.
Si la Convención de Belem do Para dice que la mujer de contar con un recurso agil y eficaz en la defensa de sus derechos, y si todos lo cumplimos, no habrá riesgos. La protección debe ser integral y para eso cada uno debe jugar el rol que tiene en el sistema jurídico de un régimen democrático donde TODOS SOMOS IGUALES y la impunidad en la violencia de genero, no puede ser la regla.
No puede ser y debemos resistirnos, que quien roba una billetera le cae todo el aparato penal encima, pero si esa persona golpea a su mujer, “vamos a ver”, o “es una cuestión de familia” o no te metas porque es privado”. Este no puede ser un criterio valido en nuestra sociedad y debemos continuar profundizando estos principios.
• Como un cuarto punto importante en la reforma, ambas leyes han ampliado la conceptualización de la violencia. Así, con terminología similar, en ambas se incluye la violencia:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
En cambio en la ley nacional se ha incluido también la violencia Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Si recuerdan en este año se hizo sendas denuncias por este tipo de violencia contra una marca de desodorante, por haber implementado una publicidad donde se representaba un juego en el que se ganaban puntos por golpear a mujeres; o también al diario Clarín que publicó un artículo donde afirmaba que las mujeres de clase social más baja se embarazaban a propósito para poder vivir del estado.
• Por ultimo, quiero resaltar un diseño a largo plazo, pero muy efectivo a mi modesto punto de vista. La ley provincial se ha preocupado en establecer como principio de política publica, la capacitación. Pero no es un concepto aislado o una mera afirmación que como otras, puede quedar solo en la promesa en el texto de la ley.
Se afirma que el estado garantiza “..La capacitación permanente en cuestiones de prevención y tratamiento de la violencia familiar de todas las dependencias públicas, especialmente del personal policial, judicial, de salud, de educación, y de todos los profesionales pertenecientes a los órganos y a las áreas donde puedan detectarse situaciones de violencia familiar….” Al punto tal que se ha impuesto la obligación de implementar la formación de personal policial, en el ciclo lectivo siguiente a partir de la vigencia normativa de la presente Ley, es decir en el año 2010.
Pero también la promoción de programas educativos que enseñen valores éticos de irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana, que aseguren una convivencia social y familiar saludable. Incluyendo en forma destacada en las currículas escolares de todos los niveles de enseñanza, para los contenidos relativos a los derechos humanos, a la equidad de género y de raza o etnia y al problema de la violencia familiar.
Esta es a mi criterio una apuesta al futuro, para poder concretar desde los primeros años de enseñanza el aprendizaje de los derechos humanos desde la primera infancia. Esta es la mejor demostración que el estado apuesta a la socialización desde estos principios.
Bueno, quedan muchos otros puntos sobre los que podríamos hablar, pero no quiero finalizar mi participación en este encuentro tan importante, sin tratar de acercar alguna propuesta para los próximos pasos.
1. Debería jerarquizarse las aéreas gubernamentales que se encargan del diseño de las políticas públicas de las mujeres. Otorgárseles mayores presupuestos, con más Equipos Técnicos, y profesionales mejores pagos.
2. Y también es prioritario que existan mas cantidad de refugios donde puedan recurrir las mujeres que en muchos casos deben huir de sus hogares en medio de la noche, o permanecer un tiempo con protecciones especiales junto a sus hijos, hasta que se obtenga una protección integral de esa problemática.
3. Debería generarse un espacio con la Universidad local para asegurar la implementación de una tecnicatura que aporte operadores suficientemente capacitados con el fin de garantizar que este nuevo paradigma que nos trae la nueva legislación se vayan multiplicando en cada intervención estatal y social.
4. Finalmente debe incentivarse en la sociedad civil, la formación de Organizaciones No Gubernamentales, ayudar a varias agrupaciones que hoy se encuentran funcionando para que la participación de todos, se vea favorecido e incentivado por ser el elemento fundamental del sistema democrático como queremos sostenerlo.
MUCHAS GRACIAS
miércoles, 25 de noviembre de 2009
jueves, 13 de agosto de 2009
Sin sexo, sin cuerpo en la escuela
La ley de educación sexual dice: “La sexualidad desde una mirada inclusiva de múltiples dimensiones, como los valores sociales sobre el cuerpo, lo femenino, lo masculino, los vínculos, las emociones, en fin la sexualidad como construcción histórica y sociocultural”. Excelente. Pero ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Toda construcción sociocultural se imprime y deja sus huellas aun antes de nacer. Sin embargo el sistema educativo lleva a cabo una tarea diaria de ir borrándole el cuerpo al niño. Se pretende un sujeto del saber y no un ser vivo que sienta y piense. La lista de los “No” van tatuando el cuerpo infantil, el adolescente y el adulto, con marcas que no son fáciles de reconocer por el sujeto mismo y desde ya por la sociedad.
Desde el no te muevas, no grites, no corras, el ser humano va configurando una corporeidad sobrante, que molesta, que en la adolescencia fastidia por sus distracciones, que en la edad del pavo entorpece, la de un sujeto que, ya en la facultad, ya domesticado, camina absorto por los pasillos memorizando textos, o permanece mudo mientras el profesor repite el texto que tomará en el examen. Los finales son un campo de batalla, un alumno tembleque o tartamudeante, con voz queda, recita un saber que el profesor, del otro lado del escritorio de cemento, puede aplastar, aprobar o, a veces, reconocer. Es necesario que esta descripción sea exagerada y terminante, porque aunque no siempre sea así, en el imaginario social está instalada desde esta perspectiva sociocultural. “Ocultar el cuerpo es signo de salud, de allí que la sociedad occidental esté basada en el borramiento del cuerpo” (Le Breton). La sexualidad no es una materia, un capítulo, un texto para tal o cual edad. El chico entra investido sexualmente mucho antes de atravesar el escalón que lo habilita a estudiar. ¿Cómo va a aproximarse a esos textos si le fueron eliminando el cuerpo, dentro de un sistema educativo configurado para acallar la plenitud y potencialidad carnal y vital del ser humano?
Desde hace más de un siglo, se fundamenta la relación y diferencia entre genitalidad y sexualidad: qué implica el reproducir la especie; qué configura el placer, el deseo, la eroticidad; qué territorio abarca el seducir, hasta dónde llega, quién arriesga. Estos desafíos son la tierra blanda que transita el bebé, el chico, el adolescente, el adulto, el anciano. ¿Quién aproxima una respuesta? “Si el cuerpo está hecho con la misma tela del mundo”, escribió Merleau-Ponty.
Profesionales de distintas disciplinas, maestros, trabajadores sociales, pediatras, especialistas en lo corporal, desde hace muchos años pregonan, investigan, analizan, reflexionan sobre la importancia de la corporeidad en la conciencia de salud y enfermedad, en la valoración de sí mismo, en el cambio de conductas o mejoras en el aprendizaje, en los afectos y vínculos grupales. Lo grupal, como campo de reconocimiento del grupo en la construcción de subjetividad, ya no justifica ser puesto en duda, y el campo corporal puede tener diferentes enfoques expresivos, lúdicos, integrativos, psicoterapéuticos. Sin embargo, los muros de los ámbitos educativos se resisten a dejarlos pasar, son paredes anquilosadas en otra historia, otro mundo; son sordas y mudas al potencial del cambio del ser vivo, sexual, potencialmente fértil, creativo y diferente a los modelos prefijados. Rige otra ley.
Por esto, vale la pena reflexionar sobre quién, cuándo, cómo va a entrar esta otra ley cuya normativa plantea la “sexualidad desde una mirada inclusiva de múltiples dimensiones, como los valores sociales sobre el cuerpo, lo femenino, lo masculino, los vínculos, las emociones, en fin, la sexualidad como construcción histórica y sociocultural”.
* Profesora en la UBA. Rectora de la carrera terciaria oficial de Coordinador de Trabajo Corporal. Texto extractado del trabajo “Educación sin cuerpo”.
Publicado en diario Pagina 12 jueves 13 de agosto de 2009 (Seccion Psicologia)
Desde el no te muevas, no grites, no corras, el ser humano va configurando una corporeidad sobrante, que molesta, que en la adolescencia fastidia por sus distracciones, que en la edad del pavo entorpece, la de un sujeto que, ya en la facultad, ya domesticado, camina absorto por los pasillos memorizando textos, o permanece mudo mientras el profesor repite el texto que tomará en el examen. Los finales son un campo de batalla, un alumno tembleque o tartamudeante, con voz queda, recita un saber que el profesor, del otro lado del escritorio de cemento, puede aplastar, aprobar o, a veces, reconocer. Es necesario que esta descripción sea exagerada y terminante, porque aunque no siempre sea así, en el imaginario social está instalada desde esta perspectiva sociocultural. “Ocultar el cuerpo es signo de salud, de allí que la sociedad occidental esté basada en el borramiento del cuerpo” (Le Breton). La sexualidad no es una materia, un capítulo, un texto para tal o cual edad. El chico entra investido sexualmente mucho antes de atravesar el escalón que lo habilita a estudiar. ¿Cómo va a aproximarse a esos textos si le fueron eliminando el cuerpo, dentro de un sistema educativo configurado para acallar la plenitud y potencialidad carnal y vital del ser humano?
Desde hace más de un siglo, se fundamenta la relación y diferencia entre genitalidad y sexualidad: qué implica el reproducir la especie; qué configura el placer, el deseo, la eroticidad; qué territorio abarca el seducir, hasta dónde llega, quién arriesga. Estos desafíos son la tierra blanda que transita el bebé, el chico, el adolescente, el adulto, el anciano. ¿Quién aproxima una respuesta? “Si el cuerpo está hecho con la misma tela del mundo”, escribió Merleau-Ponty.
Profesionales de distintas disciplinas, maestros, trabajadores sociales, pediatras, especialistas en lo corporal, desde hace muchos años pregonan, investigan, analizan, reflexionan sobre la importancia de la corporeidad en la conciencia de salud y enfermedad, en la valoración de sí mismo, en el cambio de conductas o mejoras en el aprendizaje, en los afectos y vínculos grupales. Lo grupal, como campo de reconocimiento del grupo en la construcción de subjetividad, ya no justifica ser puesto en duda, y el campo corporal puede tener diferentes enfoques expresivos, lúdicos, integrativos, psicoterapéuticos. Sin embargo, los muros de los ámbitos educativos se resisten a dejarlos pasar, son paredes anquilosadas en otra historia, otro mundo; son sordas y mudas al potencial del cambio del ser vivo, sexual, potencialmente fértil, creativo y diferente a los modelos prefijados. Rige otra ley.
Por esto, vale la pena reflexionar sobre quién, cuándo, cómo va a entrar esta otra ley cuya normativa plantea la “sexualidad desde una mirada inclusiva de múltiples dimensiones, como los valores sociales sobre el cuerpo, lo femenino, lo masculino, los vínculos, las emociones, en fin, la sexualidad como construcción histórica y sociocultural”.
* Profesora en la UBA. Rectora de la carrera terciaria oficial de Coordinador de Trabajo Corporal. Texto extractado del trabajo “Educación sin cuerpo”.
Publicado en diario Pagina 12 jueves 13 de agosto de 2009 (Seccion Psicologia)
jueves, 16 de octubre de 2008
“La violencia se aborda desde la familia y no desde los derechos humanos”
Este articulo resume de una manera muy contundente cual es el problema actual, en el abordaje de los casos de violencia familiar o de violencia contra la mujer fundamentalmente.
Se ha influenciado académicamente en la formación de los operadores, indicando en cuanta revista especializada se observa en el medio, que el abordaje de éste tipo de casos debe realizarse tratando por todos los medios de preservar la unión familiar, ya que lo contrario implica un perjuicio contra sus integrantes. Desde esta postura, se niega la posibilidad de denunciar penalmente a los agresores al punto tal que en las Fiscalías de ésta provincia solamente se toman las denuncias para luego derivarlas o a mediación o a los Juzgados de Familia sin siquiera investigar la comisión de los delitos de lesiones leves o graves, amenazas, etc.
Les pongo a disposición este sencillo pero muy profundo análisis.
Diario Pagina12 VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2008
“La violencia se aborda desde la familia y no desde los derechos humanos”
Por Soledad Garcia Muñoz*
La ratificación del Protocolo de la Cedaw en 2007 supuso en sí misma un avance para los derechos humanos de las mujeres en la Argentina, en la medida en que pudieron derribarse los muros de resistencias y prejuicios que había en contra y se abrieron nuevas puertas de protección. Pero la valoración de las políticas públicas locales relacionadas con los derechos humanos de las mujeres merece un análisis mucho más amplio. Es fácil constatar que si bien se registran avances, aún no existe en la Argentina una política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ejemplo de esto es que no tenemos estadísticas oficiales que nos permitan conocer la dimensión federal del problema, ni una legislación que traduzca adecuadamente las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la Cedaw o la Convención de Belem do Pará. Combatir la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad de oportunidades sin discriminación en todos los ámbitos de la vida pública y privada tiene que ser una alta prioridad de todo gobierno comprometido con los derechos humanos. En mi opinión, un grave problema es que la violencia contra las mujeres se sigue abordando desde la óptica de la familia y no de los derechos humanos que pone en jaque. Es urgente lograr ese cambio de paradigma y asumir que combatir la violencia contra las mujeres es una responsabilidad del Estado.
* Abogada. Coordinadora del Proyecto Cedaw-Argentina.
Se ha influenciado académicamente en la formación de los operadores, indicando en cuanta revista especializada se observa en el medio, que el abordaje de éste tipo de casos debe realizarse tratando por todos los medios de preservar la unión familiar, ya que lo contrario implica un perjuicio contra sus integrantes. Desde esta postura, se niega la posibilidad de denunciar penalmente a los agresores al punto tal que en las Fiscalías de ésta provincia solamente se toman las denuncias para luego derivarlas o a mediación o a los Juzgados de Familia sin siquiera investigar la comisión de los delitos de lesiones leves o graves, amenazas, etc.
Les pongo a disposición este sencillo pero muy profundo análisis.
Diario Pagina12 VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2008
“La violencia se aborda desde la familia y no desde los derechos humanos”
Por Soledad Garcia Muñoz*
La ratificación del Protocolo de la Cedaw en 2007 supuso en sí misma un avance para los derechos humanos de las mujeres en la Argentina, en la medida en que pudieron derribarse los muros de resistencias y prejuicios que había en contra y se abrieron nuevas puertas de protección. Pero la valoración de las políticas públicas locales relacionadas con los derechos humanos de las mujeres merece un análisis mucho más amplio. Es fácil constatar que si bien se registran avances, aún no existe en la Argentina una política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ejemplo de esto es que no tenemos estadísticas oficiales que nos permitan conocer la dimensión federal del problema, ni una legislación que traduzca adecuadamente las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la Cedaw o la Convención de Belem do Pará. Combatir la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad de oportunidades sin discriminación en todos los ámbitos de la vida pública y privada tiene que ser una alta prioridad de todo gobierno comprometido con los derechos humanos. En mi opinión, un grave problema es que la violencia contra las mujeres se sigue abordando desde la óptica de la familia y no de los derechos humanos que pone en jaque. Es urgente lograr ese cambio de paradigma y asumir que combatir la violencia contra las mujeres es una responsabilidad del Estado.
* Abogada. Coordinadora del Proyecto Cedaw-Argentina.
martes, 2 de septiembre de 2008
COMO DEBE PREVENIRSE LA DELINCUENCIA JUVENIL
Cada vez que sucede algun hecho ilícito donde se encuentra involucrado un niño/a o adolescente, crecen los discursos rigurosos y de control. Carcel común como si fuera un adulto, bajar la edad que permita una rápida imputabilidad, etc. Se reclama que los jueces no solo castiguen a los culpables, sino que hagan extensiva la condena sobre los padres o responsables.
Pareciera que nos olvidamos que existen instrumentos internacionales que hablan de la forma en que debe tratarse la prevención de la delincuencia juvenil.
He aquí los principios fundamentales que forman parte de las Directrices de Riad que fueran aprobadas por la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS en Cuadragésimo quinto período de sesiones - (Tema 100 del programa) -sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/45/756)- 68a.sesión plenaria del día 14 de diciembre de 1990.
Directrices de las
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de Riad)
I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden desarrollar actitudes no criminógenas.
2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.
3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se debe centrar la atención en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y de asociación en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control.
4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia.
5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa índole deberán incluir:
a) El suministro de oportunidades, en particular educativas, para atender las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales;
b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien;
c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes;
d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes;
e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta.
f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de "extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.
6. Deben desarrollarse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han creado todavía organismos oficiales. Sólo en último extremo ha de recurrirse a organismos formales de control social.
Pareciera que nos olvidamos que existen instrumentos internacionales que hablan de la forma en que debe tratarse la prevención de la delincuencia juvenil.
He aquí los principios fundamentales que forman parte de las Directrices de Riad que fueran aprobadas por la Asamblea General de las NACIONES UNIDAS en Cuadragésimo quinto período de sesiones - (Tema 100 del programa) -sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/45/756)- 68a.sesión plenaria del día 14 de diciembre de 1990.
Directrices de las
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de Riad)
I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden desarrollar actitudes no criminógenas.
2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.
3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se debe centrar la atención en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y de asociación en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control.
4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia.
5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa índole deberán incluir:
a) El suministro de oportunidades, en particular educativas, para atender las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales;
b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien;
c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes;
d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes;
e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta.
f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de "extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.
6. Deben desarrollarse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han creado todavía organismos oficiales. Sólo en último extremo ha de recurrirse a organismos formales de control social.
miércoles, 6 de agosto de 2008
SABER LEYES NO ES SABER DERECHO
JUAN BAUTISTA ALBERDI
Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho. Publicado a principios de 1837
“…Se trata pues de considerar el derecho de una manera nueva y fecunda: como un elemento vivo y continuamente progresivo de la vida social; y de estudiarlo en el ejercicio mismo de esta vida social. Esto es verdaderamente conocer el derecho, conocer su genio, su misión, su rol. Es así como las leyes mismas nos mandan comprenderlo, porque es el alma, la vida, el espíritu de las leyes. Saber, pues, leyes, no es saber derecho; porque las leyes no son más que la imagen imperfecta y frecuentemente desleal del derecho que vive en la armonía viva del organismo social…”…“el derecho, como la geometría, existe por pocos puntos fundamentales y generadores, de suerte que la obra del jurisconsulto no sea otra que la percepción de las consecuencias, en la inteligencia de los principios…”
sugiero a los lectores amantes del derecho, visitar el siguiente blog, de donde he tomado esta referencia: http://saberderecho.blogspot.com/
sábado, 2 de agosto de 2008
ANTE LA LEY (Franz Kafka)
Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta al guardián y le pide que le deje entrar. Pero el guardián contesta que de momento no puede dejarlo pasar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde se lo permitirá.
- Es posible - contesta el guardián -, pero ahora no.
La puerta de la ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el campesino se inclina para atisbar el interior. El guardián lo ve, se ríe y le dice:
- Si tantas ganas tienes - intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón hay otros tantos guardianes, cada uno más poderoso que el anterior. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo soportar su vista.
El campesino no había imaginado tales dificultades; pero el imponente aspecto del guardián, con su pelliza, su nariz grande y aguileña, su larga bárba de tártaro, rala y negra, le convencen de que es mejor que espere. El guardián le da un banquito y le permite sentarse a un lado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta entrar un sinfín de veces y suplica sin cesar al guardián. Con frecuencia, el guardián mantiene con él breves conversaciones, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y al final siempre le dice que no todavía no puede dejarlo entrar. El campesino, que ha llevado consigo muchas cosas para el viaje, lo ofrece todo, aun lo más valioso, para sobornar al guardián. Éste acepta los obsequios, pero le dice:
- Lo acepto para que no pienses que has omitido algún esfuerzo.
Durante largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años abiertamente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo entre murmullos. Se vuelve como un niño, y como en su larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, ruega a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz o si sólo le engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que brota inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte endurece su cuerpo. El guardián tiene que agacharse mucho para hablar con él, porque la diferencia de estatura entre ambos ha aumentado con el tiempo.
- ¿Qué quieres ahora - pregunta el guardián -. Eres insaciable.
- Todos se esfuerzan por llegar a la ley - dice el hombre -; ¿cómo se explica, pues, que durante tantos años sólo yo intentara entrar?
El guardián comprende que el hombre va a morir y, para asegurarse de que oye sus palabras, le dice al oído con voz atronadora:
- Nadie podía intentarlo, porque esta puerta estaba reservada solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.
Comparto las palabras que siguen: “…No olvidar que hay una puerta y existe al menos un camino inútil, un camino que no hay que transitar, el del hombre del campo que cuando la entrada le fue negada, se sentó, simplemente a esperar…” -
Carlos Peña Gonzalez – Decano Facultad de Derecho Universidad Diego Portales . Santiago de Chile – Prólogo al libro GENERO Y DERECHO – LOM Ediciones Septiembre de 1999
- Es posible - contesta el guardián -, pero ahora no.
La puerta de la ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el campesino se inclina para atisbar el interior. El guardián lo ve, se ríe y le dice:
- Si tantas ganas tienes - intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón hay otros tantos guardianes, cada uno más poderoso que el anterior. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo soportar su vista.
El campesino no había imaginado tales dificultades; pero el imponente aspecto del guardián, con su pelliza, su nariz grande y aguileña, su larga bárba de tártaro, rala y negra, le convencen de que es mejor que espere. El guardián le da un banquito y le permite sentarse a un lado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta entrar un sinfín de veces y suplica sin cesar al guardián. Con frecuencia, el guardián mantiene con él breves conversaciones, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y al final siempre le dice que no todavía no puede dejarlo entrar. El campesino, que ha llevado consigo muchas cosas para el viaje, lo ofrece todo, aun lo más valioso, para sobornar al guardián. Éste acepta los obsequios, pero le dice:
- Lo acepto para que no pienses que has omitido algún esfuerzo.
Durante largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años abiertamente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo entre murmullos. Se vuelve como un niño, y como en su larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, ruega a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz o si sólo le engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que brota inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte endurece su cuerpo. El guardián tiene que agacharse mucho para hablar con él, porque la diferencia de estatura entre ambos ha aumentado con el tiempo.
- ¿Qué quieres ahora - pregunta el guardián -. Eres insaciable.
- Todos se esfuerzan por llegar a la ley - dice el hombre -; ¿cómo se explica, pues, que durante tantos años sólo yo intentara entrar?
El guardián comprende que el hombre va a morir y, para asegurarse de que oye sus palabras, le dice al oído con voz atronadora:
- Nadie podía intentarlo, porque esta puerta estaba reservada solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.
Comparto las palabras que siguen: “…No olvidar que hay una puerta y existe al menos un camino inútil, un camino que no hay que transitar, el del hombre del campo que cuando la entrada le fue negada, se sentó, simplemente a esperar…” -
Carlos Peña Gonzalez – Decano Facultad de Derecho Universidad Diego Portales . Santiago de Chile – Prólogo al libro GENERO Y DERECHO – LOM Ediciones Septiembre de 1999
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