“Agárrense de las manos y saluden” gritaban los amigos para que los fotógrafos pudieran retratar el momento, mientras los demás asistentes, entre lagrimas y sonrisas hacían palmas y acompañaban a la pareja homosexual que acababa de recibir la libreta de matrimonio, ahora igualitario. La escena puede repetirse en cada Registro Civil de nuestro país a partir de la sanción de la Ley 26618 que habilita a personas del mismo sexo contraer matrimonio.
No estamos ante una “moda” ni un "capricho" de las autoridades de turno; sino que estamos en presencia de la prueba de fuego más grande que ha atravesado nuestro país. Hemos dicho y repetimos desde el año 1983, que nuestra sociedad es una en la que se respeta a los derechos humanos y ello también forma parte no solo del discurso oficial o político, sino también del discurso social cada vez que nos enfrentamos ante cualquier situación donde los derechos de alguien que sufre están en juego.
Pero….realmente respetamos los derechos humanos? Se ha dicho que "los derechos del hombre serán del hombre, cuando sean, de verdad, derechos del otro hombre" (1) Así entonces nos encontramos ante una disyuntiva personal, individual que conlleva un fuerte análisis intersubjetivo y que invito a que se realice; y nos preguntemos ¿yo respeto los derechos humanos mas allá de mi discurso?
Nos encontraremos entonces ante distintas situaciones complejas o conflictos éticos que deberemos resolver al preguntarnos, por ejemplo, si le reconozco a Videla o a Pinochet “sus” propios derechos humanos, es decir a que sea juzgado por un tribunal imparcial, evaluando las pruebas colectadas con total objetividad y aplicando el imperio estricto de la ley. Si mi respuesta es positiva, entonces recién allí podré afirmar que realmente respeto los derechos humanos, lo contrario sería transformarme en simple vengador de los que ha perdido la vida o los derechos y simplemente quiero cambiar el eje del poder, pero jamás podré decir que respeto los derechos humanos. Estaré disfrutando que ahora el poder ha cambiado de manos, pero eso es otra cosa.
Hablar de derechos humanos, vivenciarlo como una forma de vida organizada en sociedad es considerar la diferencia, aceptar que existen otros que viven y piensan de otra manera y que todos debemos sujetarnos al sistema democrático donde cada uno puede ejercer libremente sus derechos, pero que se acaban en el limite donde comienza el derecho de los demás. La democracia no es un ejercicio de libertad sin limites, al contrario, es limitarnos para poder vivir socialmente organizados y que todos tengan cabida en esta sociedad.
No puedo decir que no tengo problemas con los homosexuales, si no les reconozco sus derechos, asi como tampoco puedo decir que no tengo problemas con los judíos o los negros o los integrantes de los pueblos originarios, si solo forma parte de mi discurso y no les reconozco en el “dia a dia” sus derechos a vivir en sociedad. Si considero que todo los “otros”, los que piensen y vivan distinto deben vivir en un ghetto y recién allí podrían gozar de los derechos que quieran, deberé asumir que mi pensamiento se encuentra ubicado mas cerca del totalitarismo –por llamarlo elegantemente- que de un pensamiento democrático. Como dice Noam Chomsky "una libertad sin una opción real para ejercerla es un regalo del diablo". No puede formar parte de mi discurso aquello que realmente no lo reconocemos y solo lo utilizamos para "quedar bien".
Porque debemos considerar que “nosotros” también somos “los otros” para esos “otros”, y en esa puja de posesivos/posesiones, no solo se violan derechos humanos de “humanos”, sino también que se destruye la democracia que supimos conseguir allá por el año 1983.
Considerar que las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio, es considerar a esos “otros” con los mismos derechos que “nosotros”, y eso es lo más igualitario que puede existir en una sociedad democrática. Allí esta el desafío del que hablaba al principio, el de asistir a un proceso de transformación de una sociedad que había desarrollado la hipocresía de sostener por un lado a los “nosotros” y por otro lado a los “otros” con derechos diferentes.
Así el derecho conoció la figura legal de la manceba (concubina no declarada subsistiendo el matrimonio) y que era permitida solo en el caso del hombre; o el caso del actual art 259 del Código Civil que le niega la acción de la madre del hijo matrimonial para impugnar la filiación de su propio hijo porque ello sería un escándalo que atenta contra la propia mujer. Es decir que no se le reconoce a la esposa el derecho de optar por sus propios riesgos y debe permanecer callada y asi la ley presupone que ella continua careciendo de capacidad. En este ejemplo legal, ella y el supuesto padre biológico quien tampoco puede presentarse judicialmente a decirlo son “el otro”, mientras que el esposo (quien sí tiene la acción) es el “nosotros”.
Ahora no hay mas “los otros” y somos todos “nosotros” y realmente celebro estar viviendo en una época donde se ha dado un golpe mortal –desde la legalidad- al oscurantismo que nos sigue desde la Edad Media, y por fin podré asistir a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, donde “todos” podamos vivir en el marco de un Estado de Derecho. Donde no se presupone más el nene y la nena como pareja ideal, sino la libertad de que cada uno satisfaga sus deseos sexuales con la persona que elija, aun cuando sea de su mismo sexo, en tanto ésta acepte.
Donde el derecho a venir deberá transformar y recoger todo este cambio de paradigma y donde el aire ya no se respirará tan enrarecido con los tratos discriminatorios y tantas presiones sociales.
Bienvenidos estos nuevos aires y bienvenido este desafío desde lo personal y como integrante de la sociedad de esta hermosa Republica Argentina.
Bienvenidos a una nueva sociedad
(1) Graciano González Arnaiz, analizando el pensamiento de Emmanuel Lèvinas (1905-1995), "La desacralización de las víctimas. Notas sobre "maneras de pensar" la fundamentación de los derechos del hombre", en revista Anthropos, Nro.176, Barcelona, enero-febrero de 1998, pág.70.
domingo, 8 de agosto de 2010
domingo, 28 de marzo de 2010
El caso Grassi a la ONU
“Es un caso paradigmático de abuso contra los niños”, dice Nora Schulman, de Casacidn, tras presentar en Ginebra el caso del cura condenado, que sigue visitando a los chicos de la Fundación.
Por Eduardo Videla
El caso del sacerdote Julio César Grassi, que está en libertad pese a haber sido condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de un niño al que debía proteger, llegó al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue a partir de una presentación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) ante el organismo, con sede en Ginebra, que cada cinco años evalúa el cumplimiento de la Convención por parte de los países firmantes. El caso Grassi fue presentado entre otros cuestionamientos, como la permanencia de castigos y torturas en comisarías e institutos y la aplicación de las internaciones como primera medida en las prácticas institucionales, tanto de asistencia como en el sistema penal. “El de Grassi es un caso paradigmático de violencia y abuso contra los niños, que se agravó por la deficiente actuación de la Justicia: la condena es vergonzosa porque le permite a Grassi estar en libertad y entrar a la fundación (Felices los Niños) cuando se le da la gana”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva de Casacidn.
El Casacidn presentó en febrero el tercer informe alternativo sobre el cumplimiento en el país de los derechos de niños y niñas. También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un colectivo de organizaciones especializadas en niñez y adolescencia. Las tres ponencias complementan, con observaciones críticas, la presentación realizada por el gobierno argentino a fines del año pasado, donde se destacaron los avances en materia de cumplimiento de los derechos.
En la sesión de presentación, Nora Schulman, por el Comité de Seguimiento, expresó su especial preocupación por el caso del cura Julio César Grassi, que “luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a 15 años de prisión, aunque no será encarcelado hasta que la condena quede firme”. La directora ejecutiva de la entidad advirtió que “el hecho de que el condenado pueda visitar el lugar donde ocurrieron los abusos sexuales probados por la Justicia constituye una amenaza a los derechos de los chicos y chicas alojados en la Fundación Felices los Niños”.
Eso no es todo. “Grassi sigue dando misa. Y aparece en programas de televisión para pedir plata para su Fundación como si no hubiera pasado nada”, agregó Schulman, en diálogo con este diario.
El 10 de junio del año pasado Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de “Gabriel”, un chico de 13 años que estuvo internado en su fundación. Pero pese a la gravedad de los cargos probados, quedó en libertad, hasta que la sentencia quede firme, porque los jueces consideraron que no existe riesgo de fuga. Y no se le impuso otra restricción para ingresar a la Fundación que “concurrir en horario diurno y acompañado por una persona que él designe”. Es decir que al tribunal le importó más la posibilidad de que el cura escape para burlar a la Justicia que el que pueda volver a tener contactos impropios y abusivos con los chicos internados en esa institución. Tanta confianza le tuvieron los jueces que no le pusieron otra vigilancia que la de una persona allegada al sacerdote. Los jueces, además, no consideraron probadas otras quince denuncias de abusos realizadas por otros dos chicos, identificados como “Luis” y “Ezequiel”.
La condena llegó, además, después de un proceso judicial que duró seis años y que incluyó irregularidades, maniobras, apriete de testigos y denunciantes y un intento de que uno de ello cambie su declaración y retire su denuncia.
Con esta presentación, el Comité de Seguimiento pretende que el Comité de Derechos Humanos de la ONU formule una recomendación al Estado argentino. ¿Qué puede hacer el Estado ante un caso como éste?, preguntó Página/12.
“Por lo pronto, lo que puede hacer es intervenir la Fundación. Y modificar el sistema de internación de chicos en macroinstituciones como ésta, donde se sigue maltratando a los chicos, según denuncian los propios docentes y trabajadores”, respondió Schulman.
Además del caso Grassi, el informe del Comité de Seguimiento hace especial hincapié en circunstancias que afectan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño:
• Inexistencia de circuitos y protocolos nacionales de atención de manifestaciones de violencia contra chicos y chicas.
• Permanencia de castigos corporales y torturas como práctica naturalizada de ciertas instituciones, como comisarías e institutos.
• Vigencia de la internación como primera medida en las prácticas institucionales respecto de niños, niñas y adolescentes.
• Escasas políticas de formación y capacitación en prevención y detección de hechos de violencia familiar, maltrato y abuso.
• Falta de controles en las políticas de internación para chicos y chicas por razones asistenciales y/o penales.
• También se manifestó la preocupación por el crecimiento de la explotación sexual y la trata de personas, que en muchos casos afecta a niñas y adolescentes.
El Casacidn acompañó las observaciones y cuestionamientos con recomendaciones para atender los problemas mencionados, tales como la apertura de espacios de alojamiento adecuados para los menores de edad en conflicto con la ley penal; la reglamentación del programa Nacional de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364), y la profundización de campañas, en el ámbito escolar, sobre explotación sexual, trata de niños y niñas y violencia de género.
De todos los temas presentados, el que llamó más la atención entre los miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU fue el del cura condenado por corrupción de menores, al punto de que la relatora para América latina, Marta Mouras, le preguntó a la delegación de Casacidn si eran habituales los casos de abuso de menores por parte de sacerdotes en la Argentina.
El Comité de Seguimiento, que es parte en la causa judicial, advierte que si hay denegación de justicia seguirá el caso hasta sus últimas consecuencias. “De ser necesario, nos presentaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó Schulman.
Por Eduardo Videla
El caso del sacerdote Julio César Grassi, que está en libertad pese a haber sido condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de un niño al que debía proteger, llegó al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue a partir de una presentación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) ante el organismo, con sede en Ginebra, que cada cinco años evalúa el cumplimiento de la Convención por parte de los países firmantes. El caso Grassi fue presentado entre otros cuestionamientos, como la permanencia de castigos y torturas en comisarías e institutos y la aplicación de las internaciones como primera medida en las prácticas institucionales, tanto de asistencia como en el sistema penal. “El de Grassi es un caso paradigmático de violencia y abuso contra los niños, que se agravó por la deficiente actuación de la Justicia: la condena es vergonzosa porque le permite a Grassi estar en libertad y entrar a la fundación (Felices los Niños) cuando se le da la gana”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva de Casacidn.
El Casacidn presentó en febrero el tercer informe alternativo sobre el cumplimiento en el país de los derechos de niños y niñas. También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un colectivo de organizaciones especializadas en niñez y adolescencia. Las tres ponencias complementan, con observaciones críticas, la presentación realizada por el gobierno argentino a fines del año pasado, donde se destacaron los avances en materia de cumplimiento de los derechos.
En la sesión de presentación, Nora Schulman, por el Comité de Seguimiento, expresó su especial preocupación por el caso del cura Julio César Grassi, que “luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a 15 años de prisión, aunque no será encarcelado hasta que la condena quede firme”. La directora ejecutiva de la entidad advirtió que “el hecho de que el condenado pueda visitar el lugar donde ocurrieron los abusos sexuales probados por la Justicia constituye una amenaza a los derechos de los chicos y chicas alojados en la Fundación Felices los Niños”.
Eso no es todo. “Grassi sigue dando misa. Y aparece en programas de televisión para pedir plata para su Fundación como si no hubiera pasado nada”, agregó Schulman, en diálogo con este diario.
El 10 de junio del año pasado Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de “Gabriel”, un chico de 13 años que estuvo internado en su fundación. Pero pese a la gravedad de los cargos probados, quedó en libertad, hasta que la sentencia quede firme, porque los jueces consideraron que no existe riesgo de fuga. Y no se le impuso otra restricción para ingresar a la Fundación que “concurrir en horario diurno y acompañado por una persona que él designe”. Es decir que al tribunal le importó más la posibilidad de que el cura escape para burlar a la Justicia que el que pueda volver a tener contactos impropios y abusivos con los chicos internados en esa institución. Tanta confianza le tuvieron los jueces que no le pusieron otra vigilancia que la de una persona allegada al sacerdote. Los jueces, además, no consideraron probadas otras quince denuncias de abusos realizadas por otros dos chicos, identificados como “Luis” y “Ezequiel”.
La condena llegó, además, después de un proceso judicial que duró seis años y que incluyó irregularidades, maniobras, apriete de testigos y denunciantes y un intento de que uno de ello cambie su declaración y retire su denuncia.
Con esta presentación, el Comité de Seguimiento pretende que el Comité de Derechos Humanos de la ONU formule una recomendación al Estado argentino. ¿Qué puede hacer el Estado ante un caso como éste?, preguntó Página/12.
“Por lo pronto, lo que puede hacer es intervenir la Fundación. Y modificar el sistema de internación de chicos en macroinstituciones como ésta, donde se sigue maltratando a los chicos, según denuncian los propios docentes y trabajadores”, respondió Schulman.
Además del caso Grassi, el informe del Comité de Seguimiento hace especial hincapié en circunstancias que afectan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño:
• Inexistencia de circuitos y protocolos nacionales de atención de manifestaciones de violencia contra chicos y chicas.
• Permanencia de castigos corporales y torturas como práctica naturalizada de ciertas instituciones, como comisarías e institutos.
• Vigencia de la internación como primera medida en las prácticas institucionales respecto de niños, niñas y adolescentes.
• Escasas políticas de formación y capacitación en prevención y detección de hechos de violencia familiar, maltrato y abuso.
• Falta de controles en las políticas de internación para chicos y chicas por razones asistenciales y/o penales.
• También se manifestó la preocupación por el crecimiento de la explotación sexual y la trata de personas, que en muchos casos afecta a niñas y adolescentes.
El Casacidn acompañó las observaciones y cuestionamientos con recomendaciones para atender los problemas mencionados, tales como la apertura de espacios de alojamiento adecuados para los menores de edad en conflicto con la ley penal; la reglamentación del programa Nacional de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364), y la profundización de campañas, en el ámbito escolar, sobre explotación sexual, trata de niños y niñas y violencia de género.
De todos los temas presentados, el que llamó más la atención entre los miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU fue el del cura condenado por corrupción de menores, al punto de que la relatora para América latina, Marta Mouras, le preguntó a la delegación de Casacidn si eran habituales los casos de abuso de menores por parte de sacerdotes en la Argentina.
El Comité de Seguimiento, que es parte en la causa judicial, advierte que si hay denegación de justicia seguirá el caso hasta sus últimas consecuencias. “De ser necesario, nos presentaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó Schulman.
jueves, 7 de enero de 2010
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
Hola a todas y todos....Desde hace un tiempo he empezado a eliminar gratamente, algunos mails que son reenviados -evidentemente por todo el pais- donde lo único que se pretende es, insultar groseramente, criticar sin proponer ideas y solo atacar a la persona de la Presidente, su entorno o algún funcionario. Estos mails, están muy bien elaborados y evidentemente quienes lo hacen no son inocentes, sino que tienen por fin -tal como la gotita de la famosa tortura china- taladrarnos la cabeza para que pensemos del mismo modo y lo reflejemos la próxima vez que vayamos a votar. Es decir, aunque no lo parezca o algunos se esfuercen en disimularlo, la campaña presidencial ya empezó, y si va a seguir de esta forma preparémonos para lo que viene.
Espero y los invito para ello, a hacer el análisis de la situación socio-política, con una mirada critica y seria, buscando información objetiva sin dejarnos llevar para el lado de un pensamiento que, evidentemente y sin esconderlo, no tiene nada de democrático.
Hay que criticar las ideas, los proyectos, no las personas. Ni de un lado ni del otro. Claro esta que también soy critico de algunas políticas publicas, pero también apoyo otras y busco siempre información que me lleve a una conclusión que sea respetuosa del sistema democrático que hemos adoptado. Evidentemente quienes elaboran estas cadenas, disfrazadas de chistes fáciles, sonrisas o supuestas denuncias esconden un discurso poco democrático como que “hay que matarlos” o que “hay que echarlos”, sin contar con los gruesos epítetos dirigidos a la figura presidencial, sin dejar de pasar por Evo, Chavez, Lula, etc etc etc.
Seamos coherentes y democráticos…O es mucho pedir?
El trabajo serio, critico y analítico hay que destacarlo y ojala se hagan cadenas de mail con ellos.
Un ejemplo claro es el que resulta de analizar la tarea que ha llevado a cabo el CELS, generando un espacio donde reunió a una buena cantidad de personalidades, políticos con representación parlamentaria, referentes sociales, universitarios, organismos de Derechos Humanos, etc. y los invito a buscar y consensuar un plan de trabajo para resolver el tema de la INSEGURIDAD, pero enfocada desde un punto de vista democrático. Así es que se elaboro una serie de puntos o principios que deben servir de partida para el diseño de herramientas para una política publica eficaz sobre el tema.
Estas conclusiones, son muy interesantes para leer y analizar ya que pone en evidencia la contradicción que hay entre el discurso de quienes pretenden imponer soluciones facilistas, y quienes pretenden la búsqueda de soluciones reales, pero siempre desde un punto de vista democrático.
Estos principios ya están presentados en el Congreso Nacional para que por medio de las Comisiones, se trabaje en la elaboración de respuestas efectivas. Evidentemente no están cargadas de un tinte electoralista, sino que son el producto del análisis serio de quienes fueron invitados a trabajar. Habrá que analizar a los representantes de los partidos que suscribieron el documento si lo defienden o también entran en el discurso facilista de pedir pena de muerte o cárcel para todos, incluyendo a los niños.
Pongo a consideración de ustedes entonces, el documento que fue publicado en el diario Pagina12 del día 29 de Diciembre pasado.
Un abrazo a todas y todos
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS).
Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense.
Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria.
También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur).
En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria).
Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza.
Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT).
Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
Espero y los invito para ello, a hacer el análisis de la situación socio-política, con una mirada critica y seria, buscando información objetiva sin dejarnos llevar para el lado de un pensamiento que, evidentemente y sin esconderlo, no tiene nada de democrático.
Hay que criticar las ideas, los proyectos, no las personas. Ni de un lado ni del otro. Claro esta que también soy critico de algunas políticas publicas, pero también apoyo otras y busco siempre información que me lleve a una conclusión que sea respetuosa del sistema democrático que hemos adoptado. Evidentemente quienes elaboran estas cadenas, disfrazadas de chistes fáciles, sonrisas o supuestas denuncias esconden un discurso poco democrático como que “hay que matarlos” o que “hay que echarlos”, sin contar con los gruesos epítetos dirigidos a la figura presidencial, sin dejar de pasar por Evo, Chavez, Lula, etc etc etc.
Seamos coherentes y democráticos…O es mucho pedir?
El trabajo serio, critico y analítico hay que destacarlo y ojala se hagan cadenas de mail con ellos.
Un ejemplo claro es el que resulta de analizar la tarea que ha llevado a cabo el CELS, generando un espacio donde reunió a una buena cantidad de personalidades, políticos con representación parlamentaria, referentes sociales, universitarios, organismos de Derechos Humanos, etc. y los invito a buscar y consensuar un plan de trabajo para resolver el tema de la INSEGURIDAD, pero enfocada desde un punto de vista democrático. Así es que se elaboro una serie de puntos o principios que deben servir de partida para el diseño de herramientas para una política publica eficaz sobre el tema.
Estas conclusiones, son muy interesantes para leer y analizar ya que pone en evidencia la contradicción que hay entre el discurso de quienes pretenden imponer soluciones facilistas, y quienes pretenden la búsqueda de soluciones reales, pero siempre desde un punto de vista democrático.
Estos principios ya están presentados en el Congreso Nacional para que por medio de las Comisiones, se trabaje en la elaboración de respuestas efectivas. Evidentemente no están cargadas de un tinte electoralista, sino que son el producto del análisis serio de quienes fueron invitados a trabajar. Habrá que analizar a los representantes de los partidos que suscribieron el documento si lo defienden o también entran en el discurso facilista de pedir pena de muerte o cárcel para todos, incluyendo a los niños.
Pongo a consideración de ustedes entonces, el documento que fue publicado en el diario Pagina12 del día 29 de Diciembre pasado.
Un abrazo a todas y todos
Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS).
Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense.
Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria.
También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur).
En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria).
Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza.
Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT).
Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
El Régimen Penal Juvenil en Argentina: ¿en debate?
Por la actualidad del tema reproduzco aqui, una parte del articulo publicado en la pagina de Mg/Lic. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN y que puede leerse en forma completa en:
http://www.cuestionsocial.com.ar/ la que recomiendo visitar.
Si bien el mismo fue elaborado por Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) de la República Argentina, bajo el título “Régimen Penal Juvenil: volvieron a la carga”, y publicado en www.cepoc-cepoc.blogspot.com no dejan de ser sus argumentos esclarecedores de la posición de muchos que, como yo, entienden que la cuestión es mucha mas de fondo y no por la ocasional presión por determinado hecho. O asumimos los problemas como sociedad y nos sacamos la careta, o este problema no se soluciona mas y seguiremos apostando a soluciones simplistas.
Aqui parte de ese artículo:
POR QUÉ NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 14 AÑOS
* PORQUE ES REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
* PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.
* PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
* PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
* PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef. org/argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tenedríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderí an a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años http://http: //www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-123922- 2009-04-26. html Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.
* PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada. * PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
* PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.
* PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
* PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños. Aún estos, los ajenos y demonizados.
http://www.cuestionsocial.com.ar/ la que recomiendo visitar.
Si bien el mismo fue elaborado por Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) de la República Argentina, bajo el título “Régimen Penal Juvenil: volvieron a la carga”, y publicado en www.cepoc-cepoc.blogspot.com no dejan de ser sus argumentos esclarecedores de la posición de muchos que, como yo, entienden que la cuestión es mucha mas de fondo y no por la ocasional presión por determinado hecho. O asumimos los problemas como sociedad y nos sacamos la careta, o este problema no se soluciona mas y seguiremos apostando a soluciones simplistas.
Aqui parte de ese artículo:
POR QUÉ NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 14 AÑOS
* PORQUE ES REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
* PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.
* PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
* PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
* PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef. org/argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tenedríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderí an a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años http://http: //www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-123922- 2009-04-26. html Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.
* PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada. * PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
* PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.
* PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
* PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños. Aún estos, los ajenos y demonizados.
viernes, 4 de diciembre de 2009
TEXTO DE LA REFORMA AL CODIGO CIVIL (Mayoria de edad)
Se acaba de sancionar por parte del Senado de la Nación, un proyecto de ley que modifica la edad en que una persona asume la plena capacidad civil y comercial, es decir la mayoria de edad.
El proyecto, que aun resta sea promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional, no solo trata de este tema, sino que modifica el Codigo Civil en varios artículos vinculados con ésta nueva capacidad "plena".
La polémica está abierta, ya que hay algunas cuestiones en que el proyecto aparece, al menos, contradictorio y puede dar lugar a interesantes planteos judiciales.
Aqui les acompaño el texo del mismo, para que se pueda analizar y comenzar la discusión:
CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º - Modificase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección Segunda del Libro I, los que quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 126: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años."
"Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho años cumplidos."
"Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una
profesión puede ejercerlas por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello."
"Artículo 131: Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores."
"Artículo 132: La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo
hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad."
“Artículo 166: Son impedimentos para contraer matrimonio:
1.- La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.
2.- La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3.- El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1,2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado,adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.
4.- La afinidad en línea recta en todos los grados.
5.-Tener menos de dieciocho años.
6.- El matrimonio anterior, mientras subsista.
7.-Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio dolosos de uno de los cónyuges.
8.- La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.
9.- La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.
"Artículo 168: Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez."
"Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283."
"Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1) Por la muerte de los padres o de los hijos;
2) Por profesión de los padres en institutos monásticos ;
3) Por llegar los hijos a la mayor edad;
4) Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;
5) Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción."
"Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela."
Artículo 2º - Derógase el inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil.
Artículo 3º - Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil, el siguiente:
"La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo."
Artículo 4º - Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I del Código de Comercio.
Artículo 5º - Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los
dieciocho (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social en que dichos beneficios se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Artículo 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El proyecto, que aun resta sea promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional, no solo trata de este tema, sino que modifica el Codigo Civil en varios artículos vinculados con ésta nueva capacidad "plena".
La polémica está abierta, ya que hay algunas cuestiones en que el proyecto aparece, al menos, contradictorio y puede dar lugar a interesantes planteos judiciales.
Aqui les acompaño el texo del mismo, para que se pueda analizar y comenzar la discusión:
CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º - Modificase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección Segunda del Libro I, los que quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 126: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años."
"Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho años cumplidos."
"Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una
profesión puede ejercerlas por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello."
"Artículo 131: Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores."
"Artículo 132: La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo
hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad."
“Artículo 166: Son impedimentos para contraer matrimonio:
1.- La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.
2.- La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3.- El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1,2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado,adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.
4.- La afinidad en línea recta en todos los grados.
5.-Tener menos de dieciocho años.
6.- El matrimonio anterior, mientras subsista.
7.-Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio dolosos de uno de los cónyuges.
8.- La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.
9.- La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.
"Artículo 168: Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez."
"Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283."
"Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1) Por la muerte de los padres o de los hijos;
2) Por profesión de los padres en institutos monásticos ;
3) Por llegar los hijos a la mayor edad;
4) Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;
5) Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción."
"Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela."
Artículo 2º - Derógase el inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil.
Artículo 3º - Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil, el siguiente:
"La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo."
Artículo 4º - Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I del Código de Comercio.
Artículo 5º - Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los
dieciocho (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social en que dichos beneficios se extienden hasta los veintiún (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Artículo 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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